Dentro de unos días, la
presidenta de la Junta de Andalucía irá a Cataluña para hacer campaña contra el
referéndum convocado por el gobierno de la Generalitat para noviembre. Junto a
Rajoy y Rubalcaba, Susana Díaz va a completar el tridente del PPSOE que tratará
de convencer a los catalanes, a todos los españoles y a Europa de que la
aspiración de los
catalanes a decidir por sí mismos no puede tener
materialización posible.
A
“nuestra” Susana, parece que Andalucía le viene estrecha y que dedicarse a los
problemas andaluces no colma sus aspiraciones. Por eso, desde que dio el salto
del aparato de su partido al centro de los focos de la farsa en que ha sido
convertida la política se está dedicando a ganar protagonismo dentro y fuera
del PSOE y a ejercer un jacobinismo españolista que tiene en este partido una
larga tradición. Como la idea de un “nuevo modelo productivo” parece abandonada
y el futuro andaluz vuelve a proyectarse para que sigamos siendo un país
subalterno, casi una colonia interna, con una economía basada en la minería y
la construcción (además, habrá que suponer, del turismo), a la señora
presidenta le queda todo el tiempo del mundo para envolverse en la bandera
rojigualda y dedicarse a “defender a España”. Y lo hará en tierra hoy de
misión, en Cataluña, como una nueva Agustina de Aragón para españolear negando
el derecho a decidir a la ciudadanía catalana.
Se
supone que hará propaganda de esa opción federal que ahora defiende su partido y que nadie,
fuera e incluso dentro de este, sabe explicar en qué consiste. Y osará
dirigirse muy especialmente a los andaluces que tuvieron que emigrar a Cataluña
y que ahora son, ellos y sus hijos, ciudadanos de esa nación sin por ello tener
que rehusar a seguir sintiéndose andaluces (algo que no entenderán jamás
quienes confunden nación con estado e integración social con pérdida de
identidad cultural) y que son los mismos a quienes se les ha negado su derecho
a seguir siendo ciudadanos andaluces además de serlo de Cataluña. Tratará de
convencerlos para que adopten una especie de lerrouxismo y se comporten como una quinta columna españolista. Me
parece una maniobra burda y peligrosa.
Durante
el bienio derechista de la II República, cuando el presidente de la
Generalitat, Lluis Companys, y otros dirigentes catalanistas estuvieron presos
en el penal del Puerto de Santa María, por haber proclamado el Estado Catalán,
Blas Infante y los nacionalistas “liberalistas” andaluces los visitaron varias
veces y apoyaron públicamente su causa. ¿Tiene alguien duda sobre cuál sería la
posición hoy del que todos, con la boca chica, califican de “padre de la patria
andaluza” sobre el derecho a decidir que reivindica una indudable mayoría de
ciudadanos de Cataluña? (Si alguien no está de acuerdo en que se trata de una
mayoría, o no cree que muchos de los que defienden ese derecho no son
estrictamente independientistas, debería apoyar la celebración del referéndum y
así saldría de dudas).
La
irrupción en Cataluña de Susana Díaz, que no es sólo hoy una de las dirigentes
principales del PSOE (lo que indica hasta adonde ha llegado ese partido) sino
también la actual presidenta de Andalucía, no responde en modo alguno a
intereses andaluces. Entre otras cosas, porque desconoce que como pueblo, como
“realidad nacional” (la expresión la tomo del vigente Estatuto de Autonomía),
Andalucía tiene el mismo derecho que cualquier otro pueblo para poner sobre la
mesa, si suficientes andaluces estuvieran dispuestos a ello, su derecho a
decidir por sí misma (como ahora pretende hacer Cataluña). A decidir si para
hacer posibles las profundas transformaciones que necesitamos, en lo económico,
lo social y lo político, nos conviene o no contar con estructuras de estado o
con estructuras confederales (como defendía Infante) o bastaría con el actual
marco autonómico. Se puede legítimamente discrepar sobre qué sería más adecuado
y qué un error y habría que partir de estudios rigurosos y apartidistas sobre
las consecuencias (y para quiénes) de las diversas opciones, pero lo que no se
puede es negar, de partida, a ningún pueblo su derecho a expresar libremente su
opinión mayoritaria y a que esta sea respetada. Se trate
de Kosovo, del Sahara Occidental, de Escocia, de Cataluña… o de Andalucía.
Porque ello es, simplemente, un derecho democrático (que, por cierto, reconocía
el PSOE hasta su reconversión durante la Transición Política).
Que
la constitución del 78 niegue el carácter plurinacional del Estado Español es
muy pobre argumento para descalificar el referéndum del 9 de noviembre en
Cataluña. Sólo refleja las graves insuficiencias democráticas, en este como en
otros temas, de la propia constitución. Y revela el carácter fuertemente
nacionalista de esta (de nacionalismo españolista). Si Zapatero y Rajoy
cambiaron en una noche uno de sus artículos para satisfacer las exigencias del
capital financiero, que nadie diga que no puede reformarse en un tema como
este, que afecta a todos los pueblos peninsulares y a la convivencia entre
ellos. Si no se plantean reformas legales para que lo democrático coincida con
lo legal es porque no quiere hacerse. También en esto, como en tantas otras
cosas, la unidad entre PP y PSOE es total. Este año van a producirse
situaciones y hechos de trascendencia que convendrá tratar con la máxima
racionalidad pero siempre en el marco del reconocimiento de todos los derechos,
individuales y colectivos. El diálogo democrático es el único camino a seguir.
Y Andalucía no debe ser utilizada para obstaculizarlo echando más leña al fogón
de trenes que corren el riesgo de chocar, con consecuencias no todas
previsibles. Alguien debería decírselo a Susana Díaz.
Isidoro Moreno, Catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, miembro de Asamblea de Andalucía
Fuente original: diarios del Grupo Joly, 23/Enero/2014
