Desde hace meses, existe
en el Parlamento andaluz un grupo de trabajo, muy poco activo por cierto, para
avanzar hacia un proyecto de Ley que pretenden llamar de Renta Básica, y que
respondería a un mandato estatutario (uno más entre tantos otros incumplidos,
olvidados o desnaturalizados). Hace unos días, el vicepresidente de la Junta,
Diego Valderas, ha señalado un plazo más que largo para que la tal ley esté
vigente, aunque ni aun así ha encontrado eco en quienes mandan realmente en el
Gobierno andaluz que, por su parte, ha aprobado un Decreto de Inclusión Social
de alcance muy limitado. También en las últimas semanas, los sindicatos dichos
mayoritarios y otras organizaciones han anunciado la puesta en marcha de una
Iniciativa Legislativa Popular dirigida a la aprobación de la "renta
básica" en Andalucía.
En realidad, ninguna de estas iniciativas tienen mucho en común, salvo el
nombre, con el concepto de Renta Básica tal como este es definido y reconocido
si hablamos con una mínima rigurosidad. Las supuestas "rentas
básicas" que promueven PSOE, IU, CCOO y UGT no son sino subsidios,
necesarios, sin duda, mientras que no exista una verdadera Renta Básica, pero
que no deben en modo alguno confundirse con ésta.
El problema no es de terminología, sino de contenido. Para cobrar las ayudas o
subsidios que se intentan hacer pasar como "renta básica" es preciso
demostrar que, a pesar de los intentos, el peticionario no encuentra ningún
empleo. Se trataría de un subsidio -que se quiere convertir en derecho, lo que
en sí mismo es positivo- condicionado a una situación laboral indeseada, con el
objeto de impedir la caída en la marginalidad e incluso en la exclusión social.
Y su beneficiario tendría que demostrar cada poco tiempo ser pobre de
solemnidad, estar permanentemente a disposición de las oficinas de empleo,
estar sujeto a periódicas inspecciones… La referencia es siempre el mercado de
trabajo: quienes no se encuentren dentro de éste -y no estén en situación de
desempleo- no serían sujetos del derecho. Sólo afectaría a los desempleados de
larga duración de la denominada "población activa".
La Renta Básica es otra cosa, porque va dirigida no sólo a paliar situaciones
extremas, sino que se enmarca en un proceso de transformación de la sociedad.
Se basa en otra visión del mundo, en una ética que contempla la dignidad humana
en sí misma y no sólo como efecto de estar incluido en la maquinaria de
producción de ganancias: en la posesión de rentas, sea del capital o del
trabajo. Por eso es universal e incondicional: afecta a todas las personas,
tengan o no tengan empleo, estén o no en el mercado de trabajo, sea cual sea su
edad y condición. No depende de ninguna característica, estructural o
coyuntural, más allá de la existencia como ser humano.
La Renta Básica Universal vendría a sustituir a un alto número de ayudas y
subvenciones de las hoy existentes, eliminaría las pequeñas corrupciones que
todos conocemos y la abundante burocracia para conceder aquéllas y evitar
éstas, a la vez que equipararía en reconocimiento social el trabajo asalariado
con los demás numerosos trabajos, hoy no reconocidos como tales, que no están
mediados por una relación mercantil. También eliminaría la mayor parte de los
empleos-basura y las miserables condiciones de éstos que millones de trabajadores
se ven obligados a aceptar al tener que elegir entre ellos o no tener renta
alguna. ¿Y también los ricos serían beneficiarios de la RBU (Renta Básica
Universal)? La respuesta, que a muchos quizá sorprenderá, es afirmativa, pero
conviene añadir que luego éstos la devolverían con creces a la hora de hacer
sus Declaraciones de la Renta, dentro de una fiscalidad y unas normas
tributarias que habría que reformar en profundidad para que hubiera los fondos
públicos suficientes para hacer realidad lo que sería un derecho universal e
incondicional.
¡Algo utópico!, exclamarán rápidamente tanto neoliberales como paleomarxistas,
centrados ambos en el trabajo asalariado como fuente única de riqueza: para
obtener ganancias a través de su explotación, los primeros, o para dignificarse
en él a pesar de su realidad alienada (difícil combinación, por cierto), los
segundos. Olvidando ambos la diferencia existente entre lo utópico y lo
ilusorio para tratar de descalificar un concepto que es incompatible con su sed
de beneficios y/o sus entendederas.
De todas formas, como acaba de pedir la Plataforma Andaluza por la RBU, lo
menos que se podría exigir a las organizaciones que se proclaman de izquierda
es que no confundan a la gente tratando de hacer pasar una política de
subsidios por una política de Renta Básica. Que no nos den, una vez más, gato
por liebre.
Isidoro Moreno. Catedrático de Antropología Social de la US. Miembro de Asamblea de Andalucía.
Fuente original: Sección "La Tribuna" del Diario de Sevilla (17/Agosto/2014), y otros diarios del Grupo Joly.
