Vivimos un cambio de época con incertidumbres. El
tardofranquismo fue un fin de época, y la Transición su salida negociada, que
dibujó tanto el cuadro normativo e institucional como el mapa de las fuerzas
destinadas a dirigir desde el bipartidismo la naciente democracia. Se instaló
un modelo institucional –incluidos los Pactos de la Moncloa (1978)- que hizo
imposibles la profundización de la democracia y el derecho de autodeterminación
y el avance por el lado de rentas, empleo y prestaciones: Trajo consigo el
“desencanto”. Los logros progresistas de los años 80 se limitaron así a los
desarrollos autonómicos y a la sanidad y enseñanza universales.
Las huelgas generales posteriores no impulsaron
alternativas al deterioro de los derechos sociales; y, para los procesos
nacionales, la soledad rupturista vasca durante casi tres décadas (un bertso suelto
en el panorama estatal) estuvo contaminada con la lucha armada: un desafío
violento al sistema institucional. El Estado degeneró más y la violencia
reivindicativa solo tuvo predicamento en un sector minoritario de los vascos
que ha seguido movilizado hasta hoy. Contó con la oposición frontal del resto.
Un camino sin salida que deslegitimó el ariete rupturista y es una de las
causas del actual desfonde vasco.
En la actualidad, por la doble influencia del 15M
(cuestionamiento del degradado modelo político-social) y del desafío catalán
(derecho de decisión y consulta independentista) asistimos a la crisis de un
régimen paralizado por dentro y desafiado por fuera. En efecto, vivimos el
doble fenómeno de su implosión por carencias democráticas (fin del
bipartidismo, corrupción sistémica, esclerotizado andamiaje institucional) y de
unas explosiones sociales y nacionales, con nuevos agentes sociales como
sujetos políticos.
Esa doble pinza hace vigentes, no ya una reforma de
retoque de la Constitución Española, sino nuevos procesos constituyentes que
revisen lo que la primera Transición dejó en el limbo. Reforma constitucional
española de mínimos o procesos constituyentes, he ahí el dilema de la Segunda
Transición.
Las dos movimientos que lideran el cambio (el fenómeno
Podemos tras lasmareas y el proceso de empoderamiento catalán)
desafían el modelo de Estado, pero no es seguro que vayan a ser convergentes ni
que vayan a lograr de modo lineal todos sus objetivos. Los asegurarían más si
las capas trabajadoras catalanas (incluida la antigua inmigración) se
implicaran, junto a las clases medias, en el proceso catalán dándole acento
social, y si las fuerzas que el 15M desató entienden que el proceso no es solo
de democratización del Estado sino también de refundaciones nacionales
largamente taponadas.
Este escenario global es distinto al que apuntaron
Gemma Ubasart e Íñigo Errejón (“Podemos: más democracia, nuevo tablero” en
El País 8-11-14) con tres hipótesis alternativas: el proceso de desenganche
soberanista catalán unilateral, y al que daban poca credibilidad; la reforma
constitucional desde las elites para un cambio controlado (propugnado por el
PSOE); y la “apertura democrática y constituyente” que cambie la correlación de
fuerzas (se supone que liderada por Podemos e IU en una parte del Estado
Español) y que sería lo decisivo para los articulistas. En mi opinión, la 1ª y
la 3ª hipótesis van juntas, porque es impensable la culminación del proceso
catalán sin un fuerte giro en España; y viceversa, no habrá cambio en España
sin cauce para las aspiraciones catalanas y vascas.
En el caso de la CA de Euskadi (CAE), el intento de la
década pasada –Plan Ibarretxe- fracasó a falta de alianzas políticas, sociales
y sindicales para conformar un bloque histórico nacional. Las
posibles causas fueron: la cerrazón del Estado; el factor deslegitimador de la
violencia; la dificultad de que la CAE en soledad pudiera desbordar al Régimen
(no pesa como Catalunya); y la lucha interna por las hegemonías, que no
permitió que el liderazgo de Ibarretxe pudiera arrastrar al conjunto del PNV y
a la izquierda abertzale. Hoy Euskal Herria Sur está en stand by,
mirando expectante el proceso pre-constituyente catalán.
Pero dos patas (Catalunya y la indignación sistémica)
no equilibran una mesa. Faltan al menos la pata de la CAE y la pata navarra, y
ambas con sus propios procesos, ritmos y especificidades, sin que dependan
artificialmente de otros. El despertar en la CAE reforzaría aquella
confluencia, y ella misma adquiriría más impulso si la apuesta catalanista
avanzara cualitativamente (logre o no la independencia) y Podemos e IU
impusieran su agenda en el resto del Estado. Por su parte, en Navarra, hoy
centrada en el sorpasso a su derecha para las próximas
elecciones municipales y al Parlamento de Navarra, ya despertó con su propio
proceso instituyente, planteando el doble eje del cambio social y del derecho a
decidir, sobre si y en relación al Estado y la CAE.
Sería deseable y posible que la más que necesaria
gestión de las secuelas de la violencia (atención a todas las víctimas, presos,
memorias…) y la conformación de reglas y condiciones para una nueva convivencia
(autocríticas de todos, desarme de ETA, deseable Comisión de la Verdad, nuevos
principios) se aceleraran sin acaparar en exclusiva ni paralizar, en especial
en la CAE, la agenda de unos (izquierda abertzale) ni facilitar la dilación de
otros (PNV), condenándonos a todos a ser espectadores de los procesos abiertos.
No cabe alegar falta de apoyos sociales ni para lo uno
ni para lo otro. Hoy la gran mayoría de la CAE quiere abrir una nueva página de
convivencia y 2/3 del electorado piensa en términos de derecho a decidir. Hoy
por hoy, las movilizaciones de Gure Esku Dago marcan la senda y bien pudieran
iniciar, tras las elecciones municipales y forales, una cadena de consultas
sobre el derecho a decidir. Pero son las elites políticas y sindicales de
Euskadi quienes pueden abrir el melón de liderar una consulta general, de cuyas
resultas pueda nacer con fuerza un nuevo proceso instituyente que consagre un
inequívoco derecho a decidir colectivo (tipo Ibarretxe) y un ulterior proceso
constituyente vasco que lo mismo puede acabar en un Estado vasco independiente,
confederado o federado. Y ello, sin cepillados previos, chantajeados desde esa
“transversalidad” que se arrogan quienes quieren evitar desde la cocina una
demandada expresión democrática.
No hay así sólo UN proceso constituyente con fondo
social a escala de Estado, sino procesos constituyentes paralelos, aunque el de
la CAE pueda demorarse más. En este contexto, un hipotético entendimiento
post-electoral entre Bildu y Podemos (que también defiende hoy el derecho de
decisión) podría cambiar las hojas de ruta de corte más posibilista, que aún no
habrían tomado nota de la descomposición del régimen de 1978, jugando a su mera
reforma y a lo que puedan obtener de ella.
Ciertamente a las fuerzas destinadas a liderar ese
proceso, más en la CAE que en Navarra, les ha cogido este punto de inflexión
con el pie cambiado. A Sortu le encuentra en proceso de recomposición de
ideología, estrategia y principios y de reconducción de los temas que le
aprietan: pacificación, proyecto y salida al descontento social (cuestión esta
última importante para que pueda incidir en los sectores no nacionalistas y que
puede capitalizar, en otro caso, Podemos). Al PNV, tras la experiencia
Ibarretxe, le coge en el otro lado del péndulo, en clave re-estatutaria y obsesionado
por la competencia en el campo abertzale y por la gobernabilidad.
De todos modos no me imagino proceso soberanista
exitoso, sin la Margen Izquierda, Bilbao, Irun o Gasteiz, sin la juventud no
nacionalista, o sin las capas técnicas, como no imagino poder convencer a nadie
sin diseñar pasarelas de confianza describiendo con detalle cual es el país
integrador y para todos que se dibuja (como el modelo El Clauer publicado por
Álvaro y Cardús, 2013).
Si para cortocircuitar este proceso se argumenta con
el miedo económico (primero la cartera), no está de más recordar que los logros
a medio plazo suelen compensar los sacrificios a corto, y que movilizando
proyectos fuertes e ilusionantes, es seguro que se logra más que jugando al qué
hay de lo mío.
En suma, poner simultáneamente las fuerzas al servicio
de la soberanía popular significa, por un lado, una apuesta decididamente
democrática (con centro en el derecho de decisión y hacia procesos instituyentes
y constituyentes vasco- navarros) y, por otro, impregnarla con los derechos
sociales colectivos. Tendría el doble efecto de identificar un proceso
soberanista y de progreso, no con las ideologías, sino con más democracia y con
la salida a las penurias del conjunto de las clases castigadas, viendo éstas en
el soberanismo -o en la alianza de las fuerzas progresistas navarras- el
vehículo de sus variadas aspiraciones.
Ramón Zallo, Catedrático de la UPV-EHU
Fuente original: Sinpermiso (28/Diciembre/2014)