DECLARACIÓN PÚBLICA DEL COLECTIVO ASAMBLEA DE ANDALUCÍA SOBRE LA REPRESIÓN CONTRA EL SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES
Ante la intensificación de multas, sanciones y otras medidas represivas contra muchos afiliados del Sindicato Andaluz de Trabajadores y de otras organizaciones populares andaluzas, y ante la detención de Diego Cañamero, secretario general de dicho sindicato por “desacato a la justicia”, al negarse a comparecer y declarar ante el juez por la acusación de ocupación de tierras y otros actos presuntamente delictivos, el colectivo Asamblea de Andalucía, a través de su Coordinadora, quiere hacer público lo siguiente:
1. Rechazamos la represión gubernamental y judicial contra los movimientos sociales, sindicales y políticos que están hoy luchando contra un sistema económico-político injusto, corrupto y contrario a los intereses del pueblo andaluz y de todos los pueblos y sectores populares del Estado Español.
2. Denunciamos la impunidad con la que actúan la gran mayoría de los verdaderos delincuentes, miembros de la mafia financiero-política que nos domina y “gobierna”, que son directos responsables de la ruina de las administraciones públicas, han saqueado las antiguas Cajas de Ahorro, se han enriquecido engañando a los suscriptores de hipotecas y a los pequeños ahorradores, y practican sistemáticamente el fraude fiscal y la evasión de capitales. Exigimos que todo el peso de la Justicia caiga sobre ellos, sea cual sea su rango, en lugar de cebarse contra los integrantes de organizaciones y movimientos que denuncian el actual estado de cosas y la putefracción del sistema.
3. En la actual crisis financiera, económica, política y de valores, el sistema judicial debería ser garante de la legitimidad democrática y defensor de los derechos colectivos e individuales frente a la voracidad y prácticas corruptas del poder financiero y de sus cómplices políticos. También habría que exigirle que interpretaran las leyes no desde la lógica del poder dominante sino teniendo en cuenta las circunstancias sociales, aquí y ahora reflejadas en la emergencia bajo la que viven millones de andaluces. En un Estado Social de Derecho, la función social de la propiedad privada y el carácter de Bien Común de la tierra y otros elementos fundamentales para la Vida son dos principios que deberían regir en todos los casos la actuación de la Justicia. Sin ello, el poder judicial se deslegitima a sí mismo y deja de cumplir su función básica.
4. Nos solidarizamos con quienes están hoy perseguidos por la Justicia precisamente por aspirar a una sociedad más justa e igualitaria y a una Andalucía Libre de caciques y corruptos de viejo y nuevo cuño y Libre de un sistema económico-político que condena a los andaluces a la dependencia económica (y a muchos de ellos al hambre y otra vez a la emigración), la subalternidad política y la degradación de nuestra cultura.
Andalucía, 10 de julio de 2013
