LEGITIMAR LA UNIÓN EUROPEA: DE ENTRADA NO
Hace ya más de 28 años desde que el Estado español ingresara en la Unión Europea, sin la convocatoria de ningún referéndum para legitimar o rechazar tal decisión. Desde entonces el espacio Schengen, el euro, los “lobbys”, el Banco Central Europeo, mister PESC o el euribor son referencias comunes en nuestro día a día. Los grandes capitales europeos impusieron así su disciplina en estrecha colaboración con las estructuras militares de la OTAN, a las que también se incorporó el Estado español en 1997 sin convocar tampoco ningún referéndum o consulta popular y desoyendo el resultado del convocado en 1986.
Ambos procesos, lejos de ninguna referencia democrática se inspiraban en principios tales como la liberalización de los intercambios comerciales, la normalización de los productos y los estándares técnicos; la subordinación de las estructuras sociales autónomas, la homogeneización de los espacios culturales diferenciados, la absorción de los sistemas económicos no centralizados, la creación de infraestructuras de transporte y comunicación para la integración a gran escala del territorio, el establecimiento de sistemas de administración y control político, militar y social unificados, la imposición de una moneda única o la paulatina implantación de una lengua oficial.
En síntesis, se trataba de otorgar ventajas a las grandes corporaciones en detrimento de las pequeñas unidades productivas y de las comunidades locales. De hecho, su propia denominación era de lo más descriptivo: el Mercado Común. De aquí se avanzó hasta el Mercado Único Interior y tras el Tratado de Maastricht se fijaron las prioridades en los aspectos militares, judiciales, monetarios, policiales y administrativos, donde han ocurrido avances sustanciales en el proceso de unificación. Por el contrario, los aspectos laborales, sociales y ambientales han quedado conscientemente relegados a un claro segundo plano. Prevalecen los fines mercantiles y de concentración de poder. No es baladí que exista plena libertad de movimientos de mercancías, capitales y valores, mientras que no hay régimen siquiera asimilable para personas y trabajadores.
La construcción europea ha servido para propiciar una nueva reestructuración económica gracias a la cual las grandes fortunas europeas siguen enriqueciéndose a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Y ni se plantea el unificar a nivel europeo el salario mínimo, la Seguridad Social, la estabilidad en el empleo, las políticas de integración o los derechos sociales.
La rígida política financiera y presupuestaria que, obsesionada con la búsqueda del déficit cero y presionada por los lobbies ha tenido como consecuencia la privatización de los servicios públicos (transporte, electricidad, correos, sanidad, educación) y el desempleo masivo. La moneda única –el euro- ha significado el encarecimiento de los precios, el euribor representa la usura moderna y el Banco Central Europeo es la nueva cueva de Alí Babá. Por su parte la Política Agraria Común –que consume la mitad del presupuesto de la UE- blinda el reparto desigual de las ayudas donde el 20% de los propietarios obtiene el 80% de los fondos y profundiza en un modelo de agricultura intensiva que provoca inseguridad alimentaria y desertización. Y las Cumbres de Jefes de Estado son meras fotos de grupos de poderosos que quedan para fotografiarse, reunirse y almorzar en zonas VIP parapetados por despliegues policiales y militares absolutamente desproporcionados.
La Unión Europea no ha servido ni para repartir la riqueza ni el trabajo, ni para satisfacer las necesidades sociales de las personas, ni para proteger el patrimonio ambiental y cultural ni para garantizar la paz y la seguridad en Europa. Nadie en su sano juicio podría arribar a tales conclusiones. Por ello, cuando en unos días los políticos se acuerde de pedirnos el voto para los próximos comicios europeos, conviene tener en cuenta estas reflexiones.
Y aunque a Loquillo y Johan Cruyff, no les guste que se critique a Europa (¿se acuerdan de aquella –delirante- campaña por el “Sí a la Constitución Europea?), más nos valdría dedicarnos a otros menesteres. En esta ocasión auguro que más de un ciudadano no colaborará con su voto en legitimar ciertos billetes “bussiness class”. Las instituciones europeas son el mayor exponente de la falta de legitimación democrática, de ausencia de soberanía y de lejanía del ciudadano. Por ello, cuando la cifra de la abstención se acerque a lo alarmante no deberemos buscar las causas en nosotros sino en ellos.
Luis Ocaña Escolar, Abogado del SAT. Miembro de Asamblea de Andalucía
Fuente: andalucesdiario.es, 21/Marzo/2014
