Sobre la voluntad política y maquinaria institucional: no hay nada más político que una ordenanza
Fernando Sabin, Ana Méndez, Pablo Bartolomé, respectivamente, miembro de la cooperativa Andaira, asesora del Ayuntamiento de Madrid y activista de comunicación de Ahora Madrid | Diagonal | 01/08/16
La hipótesis de asalto institucional no pretende plantear que llegar a los gobiernos supone la transformación total –ni mucho menos inmediata– de las estructuras de poder. Pensamos este campo de batalla como la apertura de un espacio de posibilidad, que podría revertir –o al menos parar– ciertos procesos de expolio de lo común y generación de desigualdad. Una grieta en la lógica de privatización y austeridad a través de la cual devolver a la sociedad el acceso a los recursos colectivos, que produjera mejoras concretas en su vida y herramientas para construir más y mejores mecanismos de recuperación de derechos y de espacios de autonomía. Un 'hacer las cosas de otra manera' que se ha tenido que enfrentar, para empezar, con las lógicas propias de la organización público-estatal.
Debemos ser conscientes de que la máquina institucional que se ha tomado por asalto y que se intenta transformar para que sea más abierta, participada y democrática se ha construido de manera vertical, estratificada y binaria. El carácter jerárquico del gobierno local comienza con la designación de la alcaldesa, a la que se le atribuyen todas las competencias, que delega en las áreas de gobierno, cuyos titulares delegan en los directores generales, que designan subdirectores, que encargan tareas a jefes de sección, etc. desplegando una cascada de capacidades de firma y potestad ejecutiva con una cadena inversa de obligaciones y responsabilidades.
Esta delegación produce, de manera más acusada y debido a su escala en el caso de Madrid, una compartimentación y especialización de tareas y permisos que supone la base de interminables procedimientos burocráticos. Además de los procelosos caminos administrativos, la institución se basa en lógicas binarias muy poco flexibles, que establecen condiciones de posibilidad en blanco y negro, sin grises, lo que dificulta y entorpece la relación con las realidades sociales, infinitamente más dinámicas y cambiantes.
Por si fuera poco, a la inercia administrativa propia de la Administración pública española, el gobierno de Gallardón añadió una reforma que incorporó decenas de nuevos puestos provenientes de la Comunidad, multiplicó los puestos directivos de control político, introdujo dispositivos de fiscalización en todas las áreas y, de manera generalizada, potenció una pérdida de capacidad ejecutiva del Ayuntamiento que a la vez justificaba y promovía la privatización de los servicios, la creación de empresas y organismos fuera del control público directo y la reducción de atribuciones y capacidades del funcionariado y de la propia función pública. Un sistema especialmente centralizado, arbitrario, desmotivador y clientelar que ha operado durante más de una década, hasta la llegada de Ahora Madrid al gobierno municipal.
El carácter jerárquico del gobierno local comienza con la designación de la alcaldesa, a la que se le atribuyen todas las competencias
A nadie se le escapa que 25 años ininterrumpidos de cualquier partido en el gobierno, a cualquier escala, produce efectos perversos. En el caso de Madrid, la combinación de las políticas conservadoras de la corporación anterior y el espíritu neoliberal de la reforma gallardoniana creó una estructura altamente burocratizada y jerarquizada, con procedimientos y reglamentos que exacerban lo peor del marco jurídico existente y cuya transformación requiere de largos procesos, con una historia de malas prácticas y dudosas decisiones técnicas tanto en el Ayuntamiento como en las empresas y organismos que de él dependen.
Frente a este cenagoso escenario, y en los límites de la institución, a menudo desde 'fuera' se demanda, por una parte, mayor voluntad política. Por otra, se reprocha y se advierte del peligro de dejarse llevar por la mera gestión en detrimento de la acción política. Aunque justas, ambas reivindicaciones precisan quizás de un análisis un poco más detallado desde el 'dentro' que promueva la transparencia y rendición de cuentas sobre las decisiones y establezca el marco de límites y oportunidades en el que se inscriben.
Teniendo en cuenta la innegable capacidad del gobierno municipal anterior de trasvasar recursos públicos a manos privadas, sortear controles democráticos y lograr una amplia aquiescencia técnica y jurídica en torno a sus decisiones, sería fácil pensar que la capacidad de generar mayores derechos sociales, estructuras más democráticas y decisiones administrativas más sostenibles social y materialmente depende únicamente de la voluntad política del gobierno actual.
Sin entrar a valorar la intensidad de dicha voluntad, no se puede dejar de señalar que la máquina institucional está diseñada para hacer ciertas cosas y no otras. Está diseñada para que una subvención directa sea técnicamente factible y práctica en lo que se tarda en decidirlo, pero promover la concurrencia pública con criterios transparentes y evaluables lleve meses de tramitación.
Que una constructora pueda tener sobrecostes de decenas de millones en el presupuesto de una obra pública pero no se pueda hacer un convenio con una asociación sin ánimo de lucro. Que se puedan externalizar funciones básicas municipales a través de contratos integrales multimillonarios pero que los centros culturales de distrito carezcan de medios para ejecutar su propia programación. Que, contrariamente a lo que se podría imaginar, una de las mayores complicaciones sea ejecutar presupuesto y aumentar el gasto público: un cuello de botella provocado por la escasez de personal –con procesos de contratación eternos en unos casos, y restringidos por la Ley Montoro en otros– y lo enrevesado de los procedimientos que ralentiza la acción de gobierno.
Se reprocha y se advierte del peligro de dejarse llevar por la mera gestión en detrimento de la acción política
La ingenuidad de pensar que fue sólo la voluntad política y no una maquinaria institucional construida a lo largo de más de 20 años –junto a unas prácticas de dudosa legitimidad y la connivencia de gran parte de los poderes fácticos del país– , lo que generó el expolio de lo público al que hemos asistido en los últimos años en Madrid; resulta solo ligeramente menos inquietante que la pretensión de que existe una acción política abstracta e independiente de la gestión concreta de lo público. Porque las políticas públicas se ejecutan mediante el presupuesto. Porque no hay nada más ideológico que una ordenanza. Nada más político que determinar las condiciones de acceso a los derechos sociales, o establecer cómo se reparten los impuestos, o determinar el porcentaje de vivienda pública de un desarrollo, o establecer quién, cómo y cuándo tiene acceso a subvenciones, contratos, ayudas, permisos, etc.
Obviar la capacidad transformadora de la acción de gobierno como gestor de los recursos colectivos, y la importancia de los procedimientos de gestión en la construcción de lo común supone reconocer, de manera indirecta, el triunfo de la ideología liberal de la 'gestión' como algo neutro, meros procedimientos técnicos sin intención política.
El asalto municipalista se basaba en la convicción de que las instituciones de gobierno local, por su cercanía y escala, son las más propicias para comenzar el proceso de transparencia, democratización y participación institucional que sacó a la ciudadanía a las calles el 15M. Pero la capacidad de acción política de esta cercanía es de carácter netamente administrativo. Porque Dios –y el diablo– está en los detalles, la democratización de los ayuntamientos usará la gestión como vehículo de la acción política del común, o no será.
