Es una vergüenza que un porcentaje cada vez más alto del dinero de los impuestos procedan de las rentas del trabajo y un porcentaje cada vez menor de los beneficios del capital. Como señala este artículo, el Estado español es ya algo muy cercano a un paraíso fiscal para las grandes multinacionales. Y nadie se atreve a meterle mano a esto, que junto a la ingeniería fiscal y al fraude es lo que está en la base del deterioro galopante de los servicios públicos y, en general, del llamado "estado del bienestar". Está bien que el IRPF sea más justo, por progresivo, que ahora y que quienes perciben más de 100.000 € al año tengan un tipo de gravamen diferente a los que ganan la mitad. Pero el problema principal no es este sino que las grandes corporaciones no pagan ni siquiera un 7% de sus beneficios. Y cínicamente se sigue afirmando que estamos en un "Estado social de Derecho". Vamos, anda.
Impuestos empresariales
Se puede leer en el artículo de José María Mollinedo, "El desplome recaudatorio del impuesto de sociedades", como en el Estado español se exige a las empresas 3.778 millones menos de lo que tributan de media en los Estados de nuestro entorno. Ocupa así el decimoséptimo lugar en el ranking europeo.
El porcentaje de los impuestos que recaen en las personas sobre la recaudación total en el territorio común ha aumentado en casi 9 puntos desde 2007. Por el contrario, el porcentaje de los impuestos que recaen sobre las empresas ha caído en más de 10 puntos desde 2007.
La evolución desde 2007 de los beneficios empresariales contabilizados por las empresas situadas en el territorio común muestra el impacto de la crisis hasta 2012. A partir de ese año los beneficios se han recuperado, no así la recaudación del Impuesto sobre Sociedades. Esta brecha ha ocasionado un agujero al Tesoro Público de casi 148.000 millones en esta década.
Por tanto "el impuesto sobre sociedades no está cumpliendo el principio constitucional de que las empresas contribuyan, conforme a su capacidad económica, en el sostenimiento de los gastos públicos." Como siempre, los más "constitucionalistas" son los que menos cumplen con la Constitución y el ordenamiento legal vigente. Es evidente que no toda la sociedad ha salido del mismo modo de la crisis.
En definitiva, parece que como no pueden, o quieren, terminar con los paraísos fiscales, acabamos por convertirnos en uno. Eso sí, ni siquiera en los paraísos hay la más mínima justicia.
Se puede leer en el artículo de José María Mollinedo, "El desplome recaudatorio del impuesto de sociedades", como en el Estado español se exige a las empresas 3.778 millones menos de lo que tributan de media en los Estados de nuestro entorno. Ocupa así el decimoséptimo lugar en el ranking europeo.
El porcentaje de los impuestos que recaen en las personas sobre la recaudación total en el territorio común ha aumentado en casi 9 puntos desde 2007. Por el contrario, el porcentaje de los impuestos que recaen sobre las empresas ha caído en más de 10 puntos desde 2007.
La evolución desde 2007 de los beneficios empresariales contabilizados por las empresas situadas en el territorio común muestra el impacto de la crisis hasta 2012. A partir de ese año los beneficios se han recuperado, no así la recaudación del Impuesto sobre Sociedades. Esta brecha ha ocasionado un agujero al Tesoro Público de casi 148.000 millones en esta década.
Por tanto "el impuesto sobre sociedades no está cumpliendo el principio constitucional de que las empresas contribuyan, conforme a su capacidad económica, en el sostenimiento de los gastos públicos." Como siempre, los más "constitucionalistas" son los que menos cumplen con la Constitución y el ordenamiento legal vigente. Es evidente que no toda la sociedad ha salido del mismo modo de la crisis.
En definitiva, parece que como no pueden, o quieren, terminar con los paraísos fiscales, acabamos por convertirnos en uno. Eso sí, ni siquiera en los paraísos hay la más mínima justicia.
