A pesar de los recortes y
tijeretazos sistemáticos con los que venimos desayunando a diario en todos los
niveles y desde hace ya demasiado tiempo, siempre hay excepciones. Nadie diría
que el Gobierno de la Nación es la excepción pues son a los que más se les oye
aquello de “apretarse el cinturón”. El Ministerio del Interior del Sr.
Fernández en términos generales tampoco lo es, pues verá reducido su
presupuesto un 6,3% en términos globales.
Sin
embargo, su gasto en nuevas inversiones y renovación de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección
y Defensa” se
elevará desde los 173.670 euros consignados para 2012 hasta
los 3,26 millones previstos para gastar en 2013. Toda
una declaración de intenciones por parte del Gobierno central.
Y
esto no acaba aquí. De hecho, el
plan quinquenal –tal y como suena, quinquenal- de gasto en antidisturbios
previsto se dispara de los 759.330 euros con los que se iban a cubrir los
gastos de los cinco años comprendidos entre 2011 y 2015, hasta los 10,02
millones de euros que dedicaremos a estos menesteres entre 2012 y 2016.
Este
incremento exponencial es cuando menos sorprendente. De un lado, contraviene
las modernas tendencias en seguridad democrática, basadas en la educación, la
responsabilidad, la justicia social y la prevención, a la que no se dedica ni
un euro. Nada de nada para la formación en derechos
humanos, la prevención de las drogodependencias o la educación social en las
zonas especialmente castigadas por la exclusión social.
Y
de otro lado, no tiene nada que ver con ninguna de las recientes
recomendaciones efectuadas por el Comité Europeo para la Prevención de la
tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. Tampoco recoge ninguna
de las demandas ciudadanas propuestas por las 46 entidades cívicas,
profesionales y universitarias que constituyen la Coordinadora para la
Prevención y Denuncia de la Tortura y cuyo leitmotiv es
vigilar que se cumpla por el Estado español lo dispuesto en el Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. Sin embargo, el análisis de los
últimos tiempos arroja rotundas conclusiones en sentido contrario: hay más
personas denunciantes de vulneraciones de sus derechos, crece el número de
situaciones de riesgo y violaciones de los derechos humanos básicos, se
incrementa el índice de denuncias por cada 100.000 habitantes (ya estamos en
1,85 denuncias/año) y las movilizaciones sociales se convierten en el ámbito de
mayor vulnerabilidad (591 denuncias en 2012).
Bingo.
Aquí parece estar el quid de la
cuestión. Gastar más en material represivo está
justificado para liquidar la protesta social. Esto
ya nos suena. Los nuevos movimientos sociales, las constantes manifestaciones
públicas y el descontento ciudadano ya han sido atendidas por parte del
Gobierno central, que las tiene muy en cuenta. Y vaya si han destinado
recursos: un 1780% más. Ahora bien, para reprimirlas. Ni indignados, ni mareas,
ni plataformas, ni sindicatos: gastos en antidisturbios. Se compra más material
policial con lo que pagan de impuestos y listos para lo que venga, que seguro
que a palos es como mejor se arregla.
Sin
duda estamos entrando en una dinámica donde crece el Estado policial a costa
del Estado social. A nivel municipal ya teníamos el caso de Sevilla, donde el
Gobierno municipal ha creado una Brigada Antidisturbios (a pesar de ser esta
materia competencia del Cuerpo Nacional de Policía) y aprobó y pagó a finales
del año pasado un plan especial de productividad sin importar lo más mínimo los
recortes salariales y de derechos al resto de funcionarios municipales. En
esto, el alcalde de Sevilla y presidente del PP andaluz, Zoido, fue un
visionario. Ahora el ministro Fernández sigue su senda. Nos falta por ver el
proyecto de nuevo Código Penal que nos está preparando Gallardón. Seguro que
aburren hasta al mítico grupo punk Eskorbuto
que hace años nos lo anticiparon con su: “Mucha policía, poca diversión”. ¡Qué
razón llevaban!
Luis Ocaña, Abogado del SAT, Miembro de Asamblea de Andalucía (25/Junio/2013)
Fuente original: andalucesdiario.es
