Sin
duda, la implantación de una partitocracia bipartidista de alternancia fue una
de las operaciones claves de la llamada Transición Política, tras la muerte del
dictador. UCD y PSOE primero y PP-PSOE después coincidieron y siguen
coincidiendo en la defensa de un mismo modelo económico y político, más allá de
matices o desacuerdos en algunas cuestiones y del espectáculo de confrontación
que les conviene escenificar para convencer a los ciudadanos de que constituyen
alternativas diferentes. Esa confluencia de base es la responsable de la casi anulación
de la división de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial (la
bochornosa forma de renovación, estos días, de los miembros del Tribunal
Constitucional es un buen ejemplo de ello), con lo que sólo forzando mucho el
concepto podría afirmarse que vivimos hoy en una democracia, incluso si
entendemos ésta a la manera liberal más clásica. El clientelismo, la corrupción
muy generalizada, las “puertas giratorias” por las que cada vez más individuos
cuando dejan sus cargos políticos (o incluso sindicales) pasan a ocupar altos
puestos en la banca o grandes empresas y viceversa, han llevado a una
profundísima crisis de confianza en el sistema.
Romper el bipartidismo es una condición sin duda
necesaria para cualquier intento de regeneración política. Es condición
necesaria pero no suficiente, porque si en vez de dos hay cuatro partidos
funcionando de la misma forma y en
parejas, muy poco habremos adelantado. Porque, entonces, dos más dos no
serían cuatro sino que seguirían reducidos a dos. La reapropiación por parte de
los ciudadanos de su derecho a la participación política, es decir, no sólo a
votar sino a conocer, debatir y decidir sobre los asuntos colectivos, que en
eso consiste la democracia, estaría igual de lejos que ahora.
Viene todo esto al hilo de dos decisiones recientes del
tripartito que compone hoy el parlamento de Andalucía, que es la cámara donde
teóricamente reside la limitada capacidad legislativa del pueblo andaluz. ¿Es sólo
anecdótico que PSOE, PP e IU se hayan puesto de acuerdo unánimemente para
relevar a José Chamizo como Defensor del Pueblo Andaluz y para subir las dietas
de un portavoz adjunto por grupo, además de las del presidente, intentando
ocultar la medida? ¿Importa mucho que sean tres grupos, o que fueran cuatro, en
vez de dos?, si todos se ponen de acuerdo para eliminar a quien les resulta
incómodo, por asumir con independencia su cargo y no ser, como desearían, el
colchón amortiguador de las reclamaciones y protestas, y para arrimar el ascua
(los dineros) a sus respectivas sardinas (sus partidos) pactando no hacerlo
público ¡mientras elaboran una que llaman Ley de Transparencia!
Puede que si IU no formase parte del gobierno de la Junta
no hubiera entrado en estos impúdicos tratos. No lo sé y nos quedaremos sin
saberlo, porque la realidad es que ha participado en ellos plenamente, quizás porque
ya tienen “responsabilidades institucionales” y están encantados con sus
consejerías, sus direcciones generales y sus buenas perspectivas electorales
con las que sueñan en repetir a nivel del Estado español el co-gobierno del que
disfrutan en Andalucía. Quizá se hayan planteado que no van a poner en peligro
todo esto por menudencias éticas y se hayan
propuesto convencer a los poderes reales de que ellos no cuestionan las reglas
explícitas ni implícitas del sistema y de su stablishment. Y bien que lo están haciendo, más allá de la
palabrería pseudorradical con que a menudo tratan de maquillar este objetivo. Se
nota que están muy a gusto tanto en el tripartito parlamentario (PSOE-PP-IU)
como en el bipartito gubernamental (PSOE-IU), aunque para tratar de
justificarse ante una parte de su clientela de votantes tengan que hacer cosas
como mandar a algunas de sus caras conocidas a la concentración en solidaridad
con Chamizo que hubo hace unos días en Sevilla. Primero lo echan y luego se
solidarizan con él: sencillamente obsceno. Como obsceno, además de
incomprensible, es que continúen formando parte de ese grupo político gentes y
colectivos que plantean la transformación profunda del sistema. ¿De verdad
creen que IU puede ser el instrumento o el eje adecuado para ello?
Diego
Valderas, su coordinador en Andalucía hasta hace muy poco, explicó
recientemente, en una entrevista en los diarios del Grupo Joly, en qué
consistía el perfil definidor de este gobierno: en tener “un aroma de
izquierda”. Hemos de entender que el aroma lo pone IU. Alguien debería decirle que
los aromas se pierden pronto cuando falta la sustancia, en este caso una
política realmente diferente y no sólo palabras que en nada modifican la
realidad. Y en las circunstancias actuales, pedir a quienes tienen hambre (no
sólo de pan, trabajo, vivienda, educación o sanidad sino, sobre todo, de ética)
que se conformen con el aroma sin sustancia es ya demasiado pedir. Es otra obscenidad inaceptable.
Isidoro Moreno, Catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla, Miembro de Asamblea de Andalucía
Fuente original: publicado en “Tribuna” de Diario de Sevilla y los otros ocho diarios del Grupo Joly (21/Junio/2013)
Isidoro Moreno, Catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla, Miembro de Asamblea de Andalucía
Fuente original: publicado en “Tribuna” de Diario de Sevilla y los otros ocho diarios del Grupo Joly (21/Junio/2013)