El pasado lunes 17 de junio se firmaba
en Jaén el “Acuerdo por la economía social andaluza”. De un lado, la
representación institucional de la Junta de Andalucía y de otro, los
representantes de CEPES, UGT y CCOO suscribían un texto de 21 páginas que contenía
las “recetas” que guiarán el futuro de la economía social en Andalucía.
En primer lugar, hay que
destacar que no se atisba la más mínima crítica a la concertación social,
basada en un modelo neocorporativista de relaciones entre agentes sociales y
Administración, que muy probablemente tenga mucho que ver con la situación
socioeconómica en las que encontramos. Y paradójicamente tampoco se contempla
ninguna referencia a la exclusión de la representación institucional de la
economía social en los acuerdos para la concertación social –actualmente
estamos en el marco del VII Acuerdo (http://www.concertacionsocialandalucia.es/)-.
En ese mismo sentido llama poderosamente la atención que no se incluya en el
texto ninguna crítica o autocrítica a la actuación del Gobierno Autonómico, y
sin embargo sean frecuentísimas las reivindicaciones y cuestionamientos
respecto de las políticas del Gobierno Central. ¿Acaso hay tales diferencias de
criterios y de actuación?
Adentrándonos en el texto, son
cuando menos sorprendentes los siguientes detalles:
- Se manifiesta la necesidad de
acceso al crédito para las entidades de economía social, cuando se ha apostado
sistemáticamente por todas las partes por un modelo de banca privada
convencional que no recibe la más mínima crítica.
- Se habla de rigidez
legislativa cuando es el propio Gobierno autonómico quien no ha dictado aún el
Reglamento de desarrollo de la ley 14/2011, de 23 de diciembre, de sociedades
cooperativas andaluzas, pese a que debería haberse hecho antes del 20 de julio
de 2012, conforme a la Disposición Final Segunda de dicha norma
- No hay ninguna referencia a la
tendencia mercantilista claramente expresada en la ley de cooperativas y en el
proceso de renovación de la ley de sociedades laborales
- Se ha eliminado el Plan de
Incentivos a la creación de entidades de economía social, a través de una
interpretación restrictiva del concepto de “incorporación de socios/as
trabajadores/as” impulsado por la Dirección General de Economía Social
- Se olvida lo dispuesto por el
artículo 172.2 del Estatuto de Autonomía cuando habla de atención preferente en
las políticas públicas para cooperativas y entidades de economía social
- Se introduce el criterio de la
flexibilidad como piedra angular de las medidas que se implementan, sin hablar
de seguridad en ningún momento
- Las medidas concretas se
concretan en la mera creación de cuatro grupos de trabajo (sensibilización, en
el apartado a), estudio de estabilidad, en el apartado c), asuntos agrarios, en
el apartado g) y Consejo Andaluz de Economía Social en el apartado j)
- No hay ninguna evaluación del
trabajo desarrollado por los CADES ni por las Fundaciones Públicas
especializadas en la materia
- Tampoco hay ninguna referencia
a la situación “pre-concursal” que está atravesando la Fundación Innoves,
emblema de la economía social oficial impulsada con millones de euros
provenientes de los Presupuestos Públicos
- No se habla de reconversión
industrial ni se plantean medidas para la recuperación empresarial mediante la
gestión obrera
- No se plantea la participación
de la Administración Autonómica en el capital de las entidades a fin de
explorar la configuración de sociedades mixtas o capitalizar aquellas entidades
que planteen nuevas inversiones
- Se obvia la necesidades
energéticas de las entidades de economía social y ni se plantea la posibilidad
de constituir una productora energética social que atienda la demanda de la
economía social y fomente la competitividad de las entidades
- Se plantea que nuestro modelo
debe “acercarse al de los países más avanzados del norte y centro de Europa” en
materia de integración cooperativa para concentrar la oferta
- No se prevé ninguna medida de
debate o reflexión sobre los valores de la economía social
Merece también la pena reseñar
que día antes de la firma del acuerdo, se había presentado por parte de la
Junta de Andalucía su paquete de medidas de apoyo y consolidación de la
economía social, lo que demuestra que se invierte el orden lógico de los
procesos, pues se decide primero, se consensua después y se piensa aún más
tarde. Sin duda estos procesos están abocados al fracaso y no sirven sino para
la exclusiva autocomplacencia de quienes los impulsan.
En definitiva, parece que nos
encontramos ante “más de lo mismo”, simplemente una bonita foto con la que
justificar sueldos, dietas y estructuras sin contenidos reales, sin un
verdadero proceso de debate en el seno de la economía social y sin medidas
concretas para el impulso de la economía social.
Desde Andaluces de Alcalá
entendemos que estamos ante un contexto socioeconómico dramático para muchos
andaluces y que debería impulsarse un verdadero Plan de Apoyo a la Economía
Social, fruto de un debate sereno donde participen todos los agentes sociales,
con medidas de actuación concretas, priorizando la consolidación y creación de
empleo y apostando decididamente por un modelo social y cooperativo de
gestionar los recursos básicos de cualquier economía moderna (banca, energía,
tierra, comunicaciones, transportes, etc.) Sin cambiar de modelo económico
difícilmente cambiará la situación de crisis en la que nos encontramos
inmersos.
Ésta
es una nueva oportunidad desaprovechada, pero desde Andaluces de Alcalá
seguiremos trabajando para proponer e impulsar otra forma de hacer economía
social.
Andaluces de Alcalá, a 1 de
julio de 2013.
