Hasta el jueves todo lo escrito, dicho, hablado,
comentado... sobre la consulta de autodeterminación en Catalunya (el llamado
Derecho a Decidir) a favor o en contra pertenecía a la categoría de “lo
imaginable”. Todos los argumentos querían incidir y condicionar a favor o en
contra sobre el primer hecho concreto y concluyente, real y no declarativo: La
convocatoria de la consulta al pueblo de Catalunya el 9 de noviembre de 2014 en forma de doble pregunta: ¿Quiere que Catalunya se constituya
en un Estado? En caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente?
La convocatoria ha sido acordada por seis
partidos políticos representados en cuatro grupos parlamentarios: Convergència
Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya (CiU), Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya-Verds i Esquerra Unida
i Alternativa (ICV-EUiA) i la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa
d’Esquerres (CUP-AE).
La propia convocatoria ya implica un acto de
ruptura con el Régimen, permita éste la consulta o no. En un hecho histórico y
sin precedentes. No se habría
llegado hasta aquí sin la movilización popular. Este es el hecho diferencial del
proceso en Catalunya: la masiva movilización popular, pacífica, transversal,
interclasista por un objetivo democrático: una consulta al conjunto de
ciudadanos de Catalunya sobre la relación de Catalunya con el Reino de España.
Esto no debe olvidarse, el proceso hacia la consulta ha llegado hasta aquí por
la fuerza de la gente, está en la base de la “ruptura democrática” con el
actual ordenamiento jurídico y político.
Es en la movilización popular donde radica la
legitimidad de una consulta que cuenta con el respaldo muy mayoritario
–superior al 75%- de la ciudadanía en Catalunya y con la mayoría de partidos
catalanes en el Parlament. Todos ellos se comprometieron a convocarla y lo han
cumplido. Esto también es un “hecho
diferencial”.
La imagen de unidad refuerza el objetivo
democrático de la consulta. Sólo el PSC decidió marginarse, planteando que era
necesario un acuerdo previo entre el gobierno de Rajoy y el gobierno de Mas. Un
acuerdo que Rajoy descartaba de antemano y que, además, dejaba la “negociación”
en manos de los gobiernos y no de las fuerzas políticas en el Parlament y, por
tanto, de la representación popular. El PSC ha dimitido de facto de la política y se ha puesto en manos
de Mas y de Rajoy, como antesala para situarse contra la consulta, al lado del
PP y Ciudadanos en Catalunya y al lado del PP y el PSOE en España, como se
plasmó en el brindis ante la Delegación del Gobierno en Catalunya. El PSC ha
mutado de ser el partido principal del catalanismo político a un psocialismo a la vasca dentro del bloque identitario.
Las Preguntas
La doble pregunta permite a todos los
partidarios de cambiar el “statuts quo” actual (el Estado de las autonomías, en
pleno proceso de recentralizador del gobierno del PP) defender la celebración de una consulta de
autodeterminación y votar Si a un Estado catalán. Con ello es posible que la
primera pregunta sume entre un 60 y un 70% de la ciudadanía. A quienes voten
afirmativamente a la primera pregunta, se les pide si quieren que ese Estado
sea independiente. Las encuestas dan a esta segunda opción una mayoría del 55%,
que significarían el 45% del censo. Pero ya veremos… tiempo al tiempo. Lo
primero era la convocatoria, ahora se trata de que esta se celebre y en el
proceso se gestará el resultado.
El acuerdo incluye solicitar al Estado Español
la autorización para hacer la consulta mediante la cesión de la competencia por
la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Para ello el Parlament de
Catalunya aprobará una resolución que se trasladará al Congreso de los
Diputados, donde se votará. Paralelamente la presentarán los diputados
catalanes en el Congreso, por si la Mesa del Congreso no acepta que sea
trasladada por el Parlament o la retrasa sine
die.
En esta votación es probable que el “sector
soberanista” del PSC vote conjuntamente (cinco diputados como máximo) con los
partidos que la han propuesto. La dirección del PSC se ha mostrado totalmente
en contra y ya ha lanzado el mensaje de que pueden ser expulsados y consumar
así la crisis permanente en las bases del socialismo catalán. Si tres de ellos
rompen la disciplina de voto y votan a favor, la resolución se aprobaría 2/3 de los diputados del Parlament.
Esta cifra, aunque no es necesaria para la aprobación de la resolución, sí
tiene un alto valor político y simbólico.
La convocatoria de la consulta ha tenido el apoyo
de multitud de entidades, especialmente de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
impulsora, junto a Ómnium, de la Vía
Catalana que sacó un millón
de personas a la calle reclamando el derecho a la independencia.
Especialmente significativo es el apoyo inmediato de los
sindicatos, especialmente de CCOO
y UGT, a las preguntas y la fecha. Sin duda, son garantía de uno de les ejes
del catalanismo -“un único pueblo” (un sol poble)- y del carácter social
de la consulta, entendida no como un debate de identidades entre catalanes y
españoles, sino como un debate sobre qué comunidad política y social quiere ser
Catalunya. Su apoyo incondicional llevará la consulta a las fábricas en forma
de:¿Qué país queremos?
No es una negociación entre partidos en un
despacho
El derecho a decidir de la ciudadanía no ha sido
una negociación entre partidos en un despacho, al margen de los que reclaman la
mayoría. Y ello implica una
consulta donde cada voto vale igual y cada ciudadano decide como debe ser la relación entre Catalunya
y España: Si o No. Y gana la mayoría.
Empieza la “cuenta atrás”. Quedan 11 meses.
La propia convocatoria de la consulta es uno de
los hechos más relevantes y transcendentales desde la Restauración borbónica y
su régimen bipartidista. En el edificio constitucional sobre el que está basada
la dominación de clases en el Reino de España, están apareciendo grietas: la
debilidad de la Monarquía y sus escándalos, la pérdida de apoyo al bipartidismo
en todas las encuestas, la sumisión de los derechos sociales a los mercados con
la reforma exprés del artículo 135, la crisis del ordenamiento territorial y el
estrangulamiento financiero de la España de las autonomías…
Los primeros cálculos del gobierno del PP, con
el acuerdo del PSOE de Rubalcaba, eran que las élites catalanas y el desmarque
del PSC harían descarrilar el proceso y nunca habría una convocatoria. Las
diferencias y contradicciones entre los partidos catalanes eran aireados cada
día: no se pondrán de acuerdo en la pregunta y la fecha. Si no se convocaba la
consulta y era por disensiones entre los partidos catalanes, “muerto el perro,
muerta la rabia”.
El PP optó por no hacer nada, esperar, como
decían, que el “suflé” se desinflé y los partidos catalanes acabasen
enfrentados entre sí. Era el pronóstico de la FAES, elthink tank de Aznar y la derecha extrema: “antes
se romperá Catalunya que España”. De momento la convocatoria es una derrota de los postulados de
Aznar. Buen síntoma.
Para ello desplegaron los argumentos del miedo
(fuera de la Unión Europea, fuera de la OTAN, no se podrán pagar la pensiones,
el paro…); forzaron declaraciones de dirigentes europeos, de las élites
empresariales españolas y catalanas; inventaron “terceras vías”, bien fuesen de
“autonomismo reforzado” con Duran i LLeida a la cabeza o “soluciones
federalistas” con Pere Navarro a la cola y así atizar al máximo las
disensiones; amenazaron con congelar el Fondo autonómico de liquidez y los
pagos de la Generalitat…
Ahora la pelota pasa a estar en el tejado del
gobierno del PP. La primera
respuesta ha sido de negación absoluta ante
la reclamación de una consulta democrática. “Nada que hablar, nada que
negociar”. Contra la consulta, el imperio de la ley (la Constitución), la
historia (somos la nación más antigua del mundo), la Unión Sagrada del régimen
monárquico: “Rajoy y yo lo tenemos todo hablado: no habrá consulta”, según
Rubalcaba. Lo que es posible entre el Reino Unido y Escocia, entre Canadá y el
Quebec, no es posible entre el Reino de España y Catalunya.
Los que cambiaron en 48 horas la Constitución y
lo hicieron por orden escrita de la troika, para sacrificar los derechos
sociales del conjunto de españoles en favor de la banca e instaurar el gobierno
de la deudocracia y el austericidio sin consultar al pueblo soberano, ahora secuestran la soberanía nacional para negar a una parte del pueblo una
consulta en la que sea preguntado si quiere, libremente, seguir formando parte
del Reino de España o si quiere cambiar su estatus, conformando un Estado
federal o independiente.
A esa idea de España centenaria de Rajoy, hecha
bajo el imperio (primero de las armas, ahora de la ley) le es difícil entender
que la relación entre sus
pueblos ha de estar basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Cualquier respuesta que no sea autorizar la consulta y rehacer la relación
entre los pueblos en una libertad querida, no hará más que ahondar el
distanciamiento. En los gobernantes del régimen falta inteligencia y falta
política, entendida como herramienta para solucionar conflictos y no para
enquistarlos y engrandecerlos.
Negar, prohibir la consulta implica, más allá de
las palabras, decisiones que en sí mismas son un nuevo elemento de ruptura del
régimen. Ya no estará basado en el “pacto constitucional”, una parte del pueblo
español (el catalán que quiere ejercer la autodeterminación) habrá sido
expulsado de él.
Prohibir la consulta, suspender la autonomía…
reclaman dirigentes del PP y el PSOE. Enviar al ejército… clama de la derecha
extrema. ¿Realmente que implica? ¿Un gobierno técnico desde la capital del
Estado sin ninguna legitimidad democrática, que seguirá aplicando una política
de recortes sociales? ¿Qué consecuencias en la escena internacional? ¿Qué
reacción tendrá el pueblo catalán, cómo se le reprimirá? Todo esto para prohibir
una consulta democrática. ¿Puede el PSOE avalar una involución de este calado
sin mutar aún más, puede avalar un gobierno del PP que acentuará su
autoritarismo? Prohibir la consulta catalana tendrá el coste de arruinar la
débil democracia española y no solucionará las causas profundas del conflicto.
PP y PSOE siguen viendo el proceso catalán como
un paralelismo de la consulta planteada por el Plan Ibarretxe, que proponía “un Estado vasco
libremente asociado”. La negativa del Congreso de los Diputados, con Zapatero a
al cabeza, y la suspensión de la propuesta por el Tribunal Constitucional
acabaron con la dimisión de Ibarretxe y la convocatoria de elecciones
autonómicas. Su proyecto se disolvió. Pero era un proyecto pactado “desde
arriba”, entre los partidos (PNV, EA, EB i Aralar), aunque fuera en el marco
del parlamento vasco.
La diferencia sustancial con el proceso catalán
está, de nuevo, en la movilización popular, que ha ido por delante de los partidos: la convocatoria de la consulta es una respuesta a esa
movilización popular.
Las encuestas de antes y después de la
convocatoria ratifican esa mayoría. La última, del 14 de diciembre, sitúa el
apoyo en su punto más alto y reclama que el gobierno de Rajoy la autorice.
Incluso una parte nada despreciable de votantes del PP o C’s se muestran
partidarios de la consulta. Entre los votantes del PSC, por encima del 50%. En
el Estado Español (contando Catalunya) ya son mayoría los que son partidarios
que se autorice la consulta (48,5%) y que sean únicamente los catalanes los
consultados (47%).
La izquierda española
La izquierda española no puede hacer seguidismo
del PSOE. Su “solución federal” supeditada a una reforma de la Constitución que
niega el derecho de autodeterminación, que el PP jamás aprobará, sólo puede
pretender apuntalar el régimen y ganar tiempo hasta las elecciones de 2015, sin
dar ninguna salida.
La izquierda alternativa española, que ha
denunciado consecuentemente el régimen de la restauración borbónica, sus
prácticas corruptas, su sumisión a los mercados y las multinacionales para
seguir expropiando a las clases populares, ha de tener una posición activa y sostener el derecho a decidir de
Catalunya.
La izquierda transformadora tiene un aliado en
la consulta planteada en Catalunya, un aliado en la radicalidad democrática que
implica per se una transformación. Es también la
oportunidad de movilizar para una consulta imprescindible en España: ¿Qué forma
de Estado quiere, Monarquía o
República? Y en caso de República, ¿Federal? Si o No. Ha de poder decidir
el pueblo.
Izquierda Unida y las izquierdas nacionalistas
(BNG, Anova, Amaiur, Compromís, Geroa Bai…) se han posicionado a favor de que
el pueblo catalán sea consultado. IU es la única formación estatal que lo ha
hecho y esto le da una legitimidad democrática que implica un gran capital
político, como la que tuvieron los comunistas en la lucha contra la dictadura.
Su defensa de una república
federal que reconozca el derecho a decidir de los pueblos implica plantear el
único proyecto capaz de construir un escenario común y fraternal aceptable para
la mayoría de los catalanes.
El reto es conseguir esa república federal y el
derecho a la autodeterminación y ahora es mañana. Para las fuerzas de
izquierdas en Catalunya esta alianza ha de dejar de ser sólo posible, para
convertirse en un activo para
ganar la hegemonía social desde los valores sociales de la izquierda, para
situar la consulta no en un debate de identidades (españoles contra catalanes)
sino en un debate social, que parta de reconocimiento de Catalunya como una
nación, con soberanía para decidir su futuro.
La consulta en Catalunya es pues, una aliada de
los objetivos de cualquier republicano y cualquier federalista español, que no
entienda, como hace el PSOE, el republicanismo como un epíteto decorativo que
sacar a pasear de vez en cuando, ni el federalismo como sinónimo de unión
forzada. El futuro está en la
libertad, la igualdad y la fraternidad entre los pueblos.
Por unos Estados Generales de las izquierdas
sociales y políticas
Ahora bien, las izquierdas catalanas,
sindicatos, asociaciones, mareas, plataformas… han de aunar sus fuerzas no sólo
en las luchas de resistencia contra los recortes sociales, la crisis, los
despidos, los presupuestos de CiU… y exigir a ERC que deje de dar apoyo a este
gobierno autonómico conservador, privatizador y de derechas.
El objetivo de la izquierda ha de ser ganar la
hegemonía social durante y después del proceso que se va a vivir, haya consulta
o esta sea impedida por el Estado. Las izquierdas catalanas no pueden
contentarse con dar apoyo a la consulta apelando al principio formal de la
democracia. Hay que dotar a
ese futuro Estado por el cual se pregunta de esqueleto, de músculos, de alma.
¿Una República catalana? ¿Con qué valores, con
que principios, con qué orden social? La izquierda ha de disputar a CiU el
gobierno y a la burguesía catalana el poder. Y sólo puede hacerlo desde la
confrontación sobre el país que queremos, sobre los derechos sociales, los
servicios públicos, la educación y la sanidad pública, la economía del bien
común, el derecho a la vivienda y la paralización de los desahucios, una banca
pública y ética, desterrando la corrupción y con los valores republicanos, con
la revocación de los cargos
públicos y un gobierno basado en la honestidad y la ética, radicalmente
transparente y en el que el pueblo pueda decidir en la cuestiones
transcendentes ...
Es necesario que las izquierdas, todas las
izquierdas catalanas, sean capaces de configurar un espacio común en el cual
definir -con el máximo apoyo popular- un programa, una especie de
“Constitución”. La consulta de autodeterminación forma parte de los valores de
la izquierda, ahora es
imprescindible contestar a cada trabajador que tipo de Estado sería un Estado
catalán y cómo de social y
democrático sería, cómo estaría al servicio de las clases populares. Es la
única manera que estas se movilicen para que la “libertad nacional” sea a la
vez “la libertad social”. Y no hay mejor reto que este.
David Companyon i Costa, diputado del Parlament de Catalunya por ICV-EUiA, miembro de la Comisión Nacional de EUiA y del Comité Político Federal de IU.
Artículo original: Sin Permiso (15/Diciembre/2013)
