La sensación de que se está
ocultando información o de que se prende instrumentalizar a los movimientos en
función de intereses políticos, es la tónica general entre los activistas que
tienen que llevar a cabo la interlocución de cara al movimiento andaluz de
vivienda.
IU en Sevilla y AndalucíaEl
ejemplo de las dos legislaturas en que IU y PSOE compartieron el gobierno de
Sevilla, 2002-2006 y 2006-2011, fue en su momento utilizado para mostrar las
virtudes y posibilidades de un gobierno progresista. El caso de una ciudad como
Sevilla, capital y mayor ciudad de Andalucía, gobernada por un pacto entre
partidos de izquierda, en un territorio en el que el conservadurismo de sus
grandes ciudades contrasta con el escoramiento hacia la izquierda del campo y los
núcleos de menor tamaño, es claramente relevante. De alguna forma, este pacto,
esta posibilidad de gobierno, es el que se ha reeditado con la
coalición que gobierna en Andalucía desde 2012. Así, ambos casos
pudieran ser buenos ejemplos de las potencialidades de la acción política
institucional a través de pactos entre partidos de centro e izquierda, lo cual
a día de hoy parece agotar las posibilidades de gobierno progresista en una
entidad territorial de cierto tamaño dentro del Estado español.
Aunque dentro de IU siempre han
existido posiciones contrarias al pacto, en ambos casos se ha acabado
imponiendo una perspectiva mayoritaria. Esta es la de que un partido político
integrado en las instituciones debe aspirar a gobernar, debe mostrar en algún
momento que es capaz de gestionar, aunque sea como socio minoritario de una
coalición de centro-izquierda. La última década ha permitido hacer esto,
además, en ámbitos territoriales de una notable entidad, como son la comunidad
autónoma más poblada y la cuarta ciudad del Estado. La operación parece haber
consistido en ambos casos en apostar por compartimentos de poder muy concretos
y con carácter estratégico, desde los cuales poder realizar una gestión de
izquierdas que marcase la diferencia. Uno de los frentes clave en el pacto de
Sevilla fue la vivienda y, en el caso Andaluz, por ahora, parece haber sido el
único por el que realmente se ha apostado. Estas políticas, con claro contenido
de izquierdas, han recogido reivindicaciones y críticas realizadas por los movimientos
sociales y de base contra la especulación y por la vivienda digna. Al mismo
tiempo, han sido también criticadas por estos y las relaciones entre partido en
el gobierno y activismo autónomo de base no han sido siempre placenteras. En
relación a estas cuestiones, el presente texto pretende examinar la posibilidad
de una crítica de izquierdas hacia las políticas desarrolladas, problematizando
al mismo tiempo la relación entre el partido en cuestión y los movimientos de
base.
Realizo esta aproximación al
problema desde el punto de vista de un activista social, vinculado en gran
medida al problema de la vivienda en la ciudad de Sevilla, y que es conocedor
de esta realidad. Al mismo tiempo, ni conozco ni pretendo conocer la realidad
interna de un partido como IU. Aun así, este punto de vista creo que puede ser
válido o de interés, sin poder en ningún caso cubrir todas las perspectivas
sobre la cuestión.
La administración de izquierdas y
el problema de la vivienda en Sevilla
El activismo social de base en
relación a la cuestión de la vivienda en Sevilla, durante las últimas dos
décadas, ha sido bastante rico y diverso. El discurso de denuncia de las
dinámicas especulativas en el mercado inmobiliario fue bandera de los
movimientos de corte más conservacionista, ecologistas o vinculados al
urbanismo crítico, pero también del movimiento okupa. Este último ha tenido una
presencia notable en la ciudad, habiendo resultado especialmente interesante
cuando sus prácticas se han combinado con las problemáticas materiales de
vecinos amenazados por la especulación inmobiliaria. Esto se produjo, en primer
lugar, con las organizaciones de inquilinos, que han sido un elemento de los
movimientos de base relevante y realmente particular del caso sevillano.
Finalmente, el más reciente activismo contra los desahucios, alimentado por las
energías desatadas por las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, ha sido
importante, tanto en esta ciudad como en Córdoba o Granada, permitiendo
interesantes procesos de autoorganización de los afectados.
Bastante antes de eso, se produjo
la entrada de IU en el gobierno de Sevilla, que procuró recoger parte de las
reivindicaciones y críticas elaboradas desde el activismo social entonces
existente. Por ejemplo, en los noventa se criticó el desarrollo de ambiciosos
planes de rehabilitación en el centro histórico de la ciudad. Los fondos
públicos de diversas administraciones, como el programa europeo Urban,
sirvieron en parte para alimentar una especulación inmobiliaria con los barrios
populares históricos que desembocaría en procesos de gentrificación y
desplazamiento. No es casual que el segundo Urban de la ciudad se esté
desarrollando en un ámbito periférico y tan poco del agrado de las empresas
inmobiliarias como el Polígono Sur, en gran parte como continuación del Plan
Integral dedicado a este sector en la década anterior. Si bien este giro de la
inversión pública hacia un espacio periférico es loable, respondiendo a la
presencia de IU en el ayuntamiento, no lo es tanto el continuismo con cierto
tipo de urbanismo por proyectos -muy presente en la ciudad desde la década de
los ochenta-, opuesto al desarrollo de planteamientos para el conjunto de la
ciudad. Un enfoque que resulta muy atractivo a los gobiernos locales, por proporcionar
resultados rápidos y rentables políticamente. Así, el mantenimiento de cierta
paz social en el Polígono Sur se ha podido producir mientras otros sectores del
este obrero de la ciudad agudizaban su declive.
Otra versión de esta política
urbana del proyecto, de raíz neoliberal, ha sido la de las recalificaciones a
la carta de suelos industriales, operaciones muy beneficiosas para grandes
empresas multinacionales, valga mencionar la relocalización de la fábrica de
Cruzcampo (1). Qué decir de proyectos
farónicos, despilfarradores y agresivos para con el patrimonio, como “Las
Setas” de la Encarnación o la Torre Cajasol, que han sido la bandera del
urbanismo sevillano en la primera década del siglo XXI. Por lo tanto, aunque
estas operaciones no han sido iniciativas del partido, ha habido una inevitable
complicidad de este con ciertas políticas hegemónicas. La cuestión sería
valorar hasta qué punto compensa comulgar con el pelotazo
inmobiliario-financiero a cambio de ciertas contrapartidas, en forma de políticas
sociales.
Dejando al lado el carril bici,
una de las grandes apuestas de IU en política social y de vivienda fue la
creación de la Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en Situación de
Abuso (OTAINSA). Esta abrió solo un año después de que el vital movimiento de
inquilinos contra los desalojos de Sevilla creara la Unidad Básica de
Asesoramiento al Inquilino en Situación de Abuso, que trabajaría durante casi
una década de forma totalmente autónoma. En plena situación de alarma social
por los desahucios y los asustaviejas en las viviendas de alquiler del centro
histórico de la ciudad, OTAINSA supuso una herramienta efectiva para intervenir
sobre el problema. El apoyo de esta oficina fue clave para que muchos vecinos
permaneciesen en sus casas y que, en otros casos, fueran desplazados a cambio
de indemnizaciones importantes. Se realizaron varias expropiaciones contra
propietarios que habían eludido el deber de conservación y se consiguió
formalmente que la empresa municipal del suelo dedicase un 5% de su parque de
viviendas a operaciones de realojo.
Sin embargo, la intervención
encontró fuertes obstáculos dentro del propio gobierno municipal y los
resultados finales son cuestionables. El 5% de viviendas para realojo nunca se
cubrió realmente y los alojamientos gestionados por OTAINSA siempre fueron
insuficientes. Además, la buena voluntad de los técnicos de esta oficina se
enfrentaba a una fuerte oposición dentro de la Gerencia de Urbanismo. No en
vano, allí permanecían los mismos funcionarios que habían repartido frugalmente
declaraciones de ruina en la década anterior, provocando desalojos y
desplazamiento. Las medidas adoptadas, ayudaron fundamentalmente a personas en
situación de necesidad excepcional, pero en ningún caso se intervino sobre los procesos
especulativos o sobre las dinámicas segregatorias. Es decir, estamos hablando
de una política declaradamente asistencialista y desarrollada con recursos
limitados. Una política que hace algunas cosas buenas por algunas personas,
pero al término de la cual, los barrios populares del centro histórico se
habían convertido en enclaves para turistas y clases medias y donde los
problemas sociales siguieron inmutables en la periferia.
El gobierno de progreso en
Andalucía
En 2011, el PP tomó la alcaldía de
Sevilla y desmanteló OTAINSA. Un año después se repitió el pacto de gobierno en
la Junta de Andalucía, coincidiendo con el auge de la alarma social en
torno a la cuestión de los desahucios provocados por ejecuciones hipotecarias.
En este contexto se había generado un importante movimiento social en torno a
la vivienda, en parte heredero del nuevo panorama generado por la irrupción del
15M en 2011. Los movimientos sociales, tras varios meses paralizando
desahucios, establecieron en 2012 hasta 13 oficinas de asesoramiento sobre
vivienda en el área metropolitana de Sevilla, resistieron a decenas de desahucios,
apoyaron a centenares de familias y promovieron grupos de afectados que
desembocaron en ocupaciones colectivas (la primera la de La Corrala Utopía).
Algo más tarde, repitiendo la historia, la Junta desarrollaría una red de
oficinas propias, una por cada provincia andaluza. Al poco de hacerlo se
vanagloriaba de haber paralizado miles de desahucios. La afirmación era
creíble. Como sabíamos los que habíamos estado luchando contra los desahucios
hipotecarios en los últimos dos años, el clima de tensión y repulsa social
generado, gracias a la movilización social, había hecho que desde mediados del
2012 las entidades bancarias y de crédito buscaran cualquier resquicio para
evitar llegar al desalojo. La institución llegó a la lidia con gran parte del
trabajo hecho.
Siguiendo con las semejanzas, el
gobierno andaluz también ha respondido a reivindicaciones históricas de los
movimientos por la vivienda digna. Tal es el caso de la defensa de la vivienda
pública en alquiler frente al a vivienda en propiedad para las clases medias,
que había predominado en el periodo anterior. Sin embargo, este giro político
se produce en un contexto en el que no se construyen nuevas viviendas por parte
del agente público. El cambio de unas pocas promociones en proceso de
adjudicación de propiedad a alquiler, algo inevitable por otro lado ante la
situación económica de los demandantes, puede ser su único resultado. Al mismo
tiempo, el parque existente en propiedad de la Junta es muy reducido (se ha
venido privatizando a marchas forzadas durante las últimas legislaturas) y,
según se ha afirmado insistentemente desde IU, está completamente ocupado. De
esta forma, el abanico de posibilidades que ofrece la actual gestión de la
consejería de Vivienda y Fomento se revela muy pobre.
Finalmente, la política estrella
de IU en el gobierno andaluz ha sido el Decreto y Ley antidesahucios. Para
empezar, como ya se denunció en su momento desde la Intercomisión de Vivienda
del 15M Sevilla, esta ha sido una política tímida que nunca ha sido aplicable a
las miles de familias que se encuentran desahuciadas por impago de alquiler o a
las que se han visto forzada a ocupar viviendas abandonadas, además de depender
“de las disponibilidades presupuestarias”, lo que desde un principio anunciaba
su carácter de papel mojado. Así, durante el año que estuvo en funcionamiento,
con dificultades, se iniciaron los trámites para la expropiación de uso de tan
solo 39 viviendas para toda Andalucía. A día de hoy solo en dos casos, uno
en Huelva y otro en Torremolinos, este proceso se ha hecho efectivo (2). Este es un número muy alejado de
las centenares de familias desahuciadas que se han organizado, con el apoyo de
los movimientos sociales de distintas ciudades andaluzas, para ocupar viviendas
vacías en manos de los bancos (3).
No obstante, ante la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, el
texto promovido por IU amenaza con quedar en la mera anécdota, en un elemento
de lucha partidista y propaganda políticas sin incidencia sobre las
problemáticas sociales reales. Esto define bastante bien la política de
vivienda que se está desarrollando: una política de “coste cero”. Podríamos
pensar que cuando se nos ha repetido esta última frase, no solo se hablaba de
un coste económico, sino también del riesgo político. No obstante, los
problemas sociales, la creación de alternativas a las injusticias del sistema,
la resistencia a las agresiones de clase, difícilmente pueden tener un coste
cero. Tienen un coste económico y político.
La administración de izquierdas y
los movimientos sociales
En el ámbito al que aquí nos
referimos, la relación de los movimientos sociales con IU ha sido problemática,
notoriamente en el caso de Sevilla. Como se ha visto, se han tomado ideas de
los movimientos sociales, duplicando estructuras, al tiempo que, en parte, se
contaba poco con los propios movimientos, en parte, los movimientos renunciaban
a que se contase con ellos. Surge la duda de hasta qué punto estas oficinas de
la administración sirven para reforzar las instituciones que emanan de la acción
de base o, por el contrario, se utilizan para competir con ellas y vaciarlas de
contenido. En cualquier caso, resulta difícil creer que se esté buscando apoyar
los procesos de autorganización. Más bien, se ha pretendido integrar dentro de
la administración las instituciones autónomas que se percibían como útiles y
con una cierta influencia social. Aquí puede valorarse que, en ciertos casos,
claramente en el de OTAINSA, mucho menos en el de las oficinas sobre desahucios
hipotecarios a escala andaluza, existe una mayor eficiencia en la institución
pública por su mayor volumen de recursos. No obstante, al mismo tiempo, el
valor de la creación autónoma y autogestionaria y la autoorganización de las
clases populares, deberían ser valores consustanciales a la izquierda, no
adversarios a batir.
La tónica general invita a pensar
que IU desconfía de toda actividad política de base que no controle
directamente. Las dadivas han sido escasas. En Sevilla, en el último momento,
antes de salir del gobierno, se consiguió la expropiación del ocupado Palacio
del Pumarejo, donde IU se oponía abiertamente a la autogestión del espacio por
la asamblea, considerándola una privatización. En ocupaciones de vecinos
amenazados de desahucio, como las realizadas en el histórico barrio de San
Bernardo, en 2005, el papel de IU fue esencial para propiciar el realojo de las
familias, en su mayoría ancianas. No obstante, con el tiempo, acabó requiriendo
el desalojo de las familias más jóvenes, que eran precisamente las que habían
promovido la acción y que no entraban en los estrechos criterios establecidos
para el realojo. En otro caso de vecinos amenazados de desahucio, en calle
Guadalcanal, se impusieron soluciones individuales ninguneando el trabajo
previo de los activistas. La línea de acción seguida en estos casos buscó
romper la solidaridad interna de los grupos en lucha, castigar a los activistas
e implementar un amable asistencialismo de cara a la opinión pública.
Fuera de lo estrictamente
relacionado con la vivienda, algunos cargos de IU se sienten demasiado cómodos
ejerciendo el papel de partido del orden. Así, en Sevilla, IU se convirtió en
cómplice de una ordenanza cívica especialmente conservadora y restrictiva con
el uso de los espacios públicos, de la creación de un cuerpo de antidisturbios
de la policía local y de su uso para reprimir las protestas contra la norma
mencionada. En otras ocasiones, de forma totalmente innecesaria, se ha apoyado
a las fuerzas de orden público frente a los activistas, como cuando el Rodrigo
Torrijos, Teniente Alcalde de Servilla en aquel momento, destaco “la exquisita
profesionalidad de la policía” en el desalojo del CSOA Casas Viejas, donde las
personas que resistieron denunciaron vejaciones y malos tratos (4). Lo más sorprendente es que, tras
mantener una posición “tibia y camaleónica” frente a desalojos como el de La
Fábrica de Sombreros, todavía quisieran aparecer como compañeros en las
manifestaciones (5).
Con estos antecedentes es normal
que se desconfíe del gobierno andaluz. La sensación de que se está ocultando
información o de que se prende instrumentalizar a los movimientos en función de
intereses políticos, es la tónica general entre los activistas que tienen que
llevar a cabo la interlocución de cara al movimiento andaluz de vivienda.
IU y los movimientos autónomos
¿Aliados o adversarios?
¿Cuál es la razón de la falta de
entendimiento entre IU y los movimientos sociales en torno a este y otros
temas? En primer lugar, ambos agentes, políticamente, parecen ir en direcciones
diferentes. Las diversas iniciativas emanadas del activismo de base, con mayor
o menor éxito, con mayor o menor base real, conceden una importancia grande a
la autoorganización de las víctimas de este sistema (en este caso de la gestión
mercantil de los recursos vivienda y suelo), haciendo énfasis también en la
autogestión. Con IU existe una coincidencia en discursos y juicios críticos
para con la cuestión urbana. No obstante, las iniciativas autónomas y
autogestionarias tienden a ser percibidas con desconfianza. Por otro lado, la
aceptación de las reglas de la democracia liberal, la posición de debilidad en
los gobiernos en los que participa y la línea política de los partidos con los
que se pacta, hace que difícilmente se pueda llegar a un tratamiento de los
problemas sociales más allá del mero asistencialismo (por otra parte, muy
puntual y limitado). Además, la necesidad de crecer en la arena de las
instituciones estatales, hace que las actuaciones se orienten en gran medida a
la propaganda y a la acumulación de prestigio en el partido, lo que conduce en
ocasiones a que los propios movimientos acaben siendo usados para este fin.
Podría argumentarse que militantes
de IU están también en los movimientos por la vivienda. Esto es cierto, pero su
presencia suele ser marginal y en su mayoría responde a individuos que se
encuentran muy alejados de los puestos de responsabilidad y decisión (al menos
en el caso de Sevilla). En realidad, la relación de IU con los movimientos
sociales es producto de una cierta práctica y pensamiento político. Esta
práctica es la apuesta por la política parlamentaria y el trabajo dentro de las
instituciones del Estado. Como en otros casos, esto puede llevar a ver este
tipo de política como la política real, la política con mayúsculas, la única
que merece un cierto esfuerzo. El desprecio hacia otras escalas y otras formas
de la política es también, en los ejemplos mostrados, el desprecio a cierto
tipo de activismo de base. No obstante, los resultados del trabajo en las
instituciones del Estado no es excesivamente impresionante y, desde luego, en
el contexto actual, podría exigírsele bastante más a un partido de izquierdas
en el poder. La reducción de la política a la participación en las elecciones y
la opción a cargos públicos es un rasgo del marco contemporáneo de hegemonía
neoliberal. Esta opción favorece la reproducción del status quo y, a la hora de
plantear alternativas rupturistas, se encuentra seriamente limitada. En el
extremo opuesto, ignorar el estado y sus instituciones reduce seriamente la
capacidad de plantear estrategias efectivas desde los movimientos sociales.
No soy ni un gran defensor de las
posibilidades de alianza entre movimientos sociales y partidos institucionales
de izquierda, ni lo contrario. Pero sin duda, este es un problema que atañe y
que es ineludible para aquellos que desarrollan su actividad política en el
territorio andaluz. En cualquier caso, en el contexto actual, solo puedo
alegrarme de que tengamos unos movimientos sociales totalmente autónomos y
capaces de hacer una crítica de izquierdas.
Iban Neira, rebelión, 28 de enero de 2014
(1) Ver el artículo de Manuel Delgado
(2) Ver: http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/noticias/1ad46314-7f4e-11e3-bae6-5108384b14f9
(4) Ver ABC de Servilla, 4 del 12 de 2007:
