La Red de Solidaridad Popular (RSP) rechaza el
tratado de Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), que
están negociando en secreto EE.UU. y la Unión Europea, porque condenará a
nuestro país a una situación de crisis social y económica permanente.
La RSP emprenderá acciones para dar a conocer a la
ciudadanía las graves consecuencias sanitarias, sociales, laborales y
medioambientales que tendría la firma de este tratado.
La Unión Europea está negociando con
Estados Unidos, en secreto, la creación de un espacio de libre comercio e
inversión que socavará los pilares del modelo social europeo al rebajar los
estándares laborales, sociales y medioambientales de nuestro continente para
beneficiar a las empresas multinacionales de ambos lados del Atlántico. Además,
supondrá la supeditación de la soberanía de los Estados europeos a los
intereses de los grandes inversores internacionales.
Las negociaciones comenzaron en julio de 2013 y se están
desarrollando en el más absoluto de los secretos, vulnerando la propia normativa
europea que exige la publicidad de todos los documentos de sus instituciones
[1] y hurtando al Parlamento Europeo el control democrático sobre los
contenidos de las negociaciones. Un tratado que no se conocerá hasta que esté
acabado y deba ser ratificado por el Parlamento Europeo y los Estados miembro,
sin tiempo suficiente para ser debatido por la ciudadanía y la sociedad civil
europea.
Las consecuencias serán demoledoras para los derechos
sociales, laborales, medioambientales y a la salud de los ciudadanos y
ciudadanas europeos. Se desregularán aspectos clave para la protección de la
salud pública como los alimentos, los medicamentos o los productos sanitarios.
Al igual que se permitirán actividades muy perjudiciales para el medio ambiente
como el fracking o el cultivo de transgénicos. A nivel laboral, la
escasa protección de los trabajadores en EE.UU., país que se ha negado a
ratificar varios convenios de la OIT [2], generará una competición desleal que
tendrá como consecuencia nuevos recortes en los derechos laborales y los
salarios de europeos y europeas [3].
Además es importante señalar que el TTIP prevé la inclusión
de una cláusula de protección de los inversores extranjeros [4] que
permitirá a las multinacionales demandar a un Estado soberano ante un Tribunal
de Arbitraje Internacional si considera que una nueva Ley perjudica sus
intereses económicos en el país en cuestión. Estos tribunales, al margen de la
justicia europea e integrados por abogados del mundo empresarial, suelen
condenar a los países a pagar sumas desorbitadas por promulgar leyes
medioambientales, sanitarias o sociales que “perjudican” los “beneficios
futuros” que las empresas esperaban obtener. Una clara supeditación de la
soberanía nacional a los dictados de las empresas multinacionales.
Mientras se niega a la ciudadanía el derecho a conocer y
debatir los contenidos del futuro tratado, se argumenta, por parte de los
políticos favorables al mismo, el enorme impacto que tendrá sobre la creación
de empleo en Europa. Sin embargo, tratados similares, como el Acuerdo de Libre
Comercio de Norte América (NAFTA), que prometían la creación de millones de
empleos han sido contrarios en sus efectos, con pérdidas netas de puestos de
trabajo y la precarización de las condiciones laborales.
El TTIP condenará a nuestro país a una situación de crisis
permanente al precarizar el empleo, reducir los salarios aún más, y destruir
parte del tejido empresarial y productivo nacional, especialmente las pequeñas
y medianas empresas. El tratado contribuirá a aumentar la brecha entre las
economías pobres y ricas dentro de la Unión Europea, relegando a España a la
condición de periferia del continente, sin industria y sin sectores económicos
que garanticen el desarrollo, la independencia y la soberanía de nuestro país.
Pese a las terribles consecuencias que tendrá, la mayoría de
partidos políticos representados en el Parlamento español han votado en contra
de la futura celebración de un referéndum de ratificación del TTIP, negando a
la ciudadanía la posibilidad de debatir públicamente y decidir sobre un tratado
que afectará directamente a sus condiciones de vida. Es más, el Gobierno
español ha manifestado su intención de apoyar las negociaciones para lograr la
consecución del acuerdo comercial.
La RSP exige transparencia en las negociaciones y un debate
público en torno al tratado de libre comercio y sus consecuencias económicas,
laborales, sociales y medioambientales. Para contribuir a un mayor conocimiento
entre la ciudadanía de las implicaciones del TTIP para los derechos y las
condiciones de vida de la población, la RSP, junto a otras organizaciones,
emprenderá acciones de denuncia del secretismo que rodea a este asunto y
difundirá los contenidos de las negociaciones a los que logre tener acceso.
En el contexto de crisis que estamos viviendo, el
establecimiento de un orden económico internacional justo, equitativo y
respetuoso con los derechos humanos se hace cada vez más necesario y urgente.
La aprobación del TTIP lejos de avanzar en este sentido supone una grave
amenaza para el modelo social europeo ante la que es preciso actuar.
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[1] Artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
UE sobre El Derecho de Acceso a los Documentos.
[2] Organización Internacional del Trabajo
[3] El Tratado supone un atentando contra los principios
fundacionales de la UE de respeto a la dignidad y a los derechos humanos y
podría suponer una vulneración de la de la Carta Europea de Derechos
Fundamentales concretamente del derecho a trabajar en condiciones de trabajo
justas y equitativas (arts 15 y 31), del derecho a la protección de la salud
(art 35), del derecho a la protección del medioambiente (art 37) y del derecho
a la protección de los consumidores (art 38).
[4] Investor-State Dispute Settlement (ISDS)
