La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha
anunciado la intención de reformar el artículo 185 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas
ilegales construidas en suelo rústico.
Resulta incongruente que se justifique esta decisión porque
las viviendas ilegales construidas en parcelaciones ilegales “están en un limbo
de inseguridad jurídica”. Debe recordarse que tal “limbo” lo ha creado la
propia Junta de Andalucía con su permisividad durante décadas con el urbanismo
ilegal, y con la especulación y corrupción urbanística. El limbo jurídico
aparece por las promesas electoralistas que han recibido los delincuentes
urbanísticos, que nos consta han mantenido varias reuniones con la Junta, que les
ha garantizado que no se derribará nada, pero al no poder satisfacer sus
demandas de legalización de todo lo ilegalmente construido, decide ahora, en
una decisión sin precedentes, modificar las normas legales vulneradas para
adaptarla a los intereses de los que las han infringido. Es por ello que
recientemente los delincuentes ilegales se han manifestado pidiendo una
“moratoria” para las órdenes de demolición, porque la Junta no ha sido clara en
este aspecto y ha creado la esperanza de que tarde o temprano este tema se
arreglará en beneficio de estos delincuentes urbanísticos, que todo se
legalizará.
Con decisiones como ésta, que viene a unirse al vergonzoso
Decreto de enero de 2012 por el que se pretende regularizar más de 250.000
viviendas ilegales, la Junta demuestra su firme voluntad de que las
ilegalidades urbanísticas queden impunes, que, en contra de lo manifestado
reiteradamente por la sra. presidenta de la Junta en el sentido de que “Quién
la hace la paga”, en las tramas de especulación y corrupción urbanísticas –las
que han asolado Andalucía en estas últimas décadas de gobierno socialista-,
“Los que la hacen tienen premio”: su legalización sin tener que pagar los
costes a que tiene que hacer frente los que construyen legalmente.
Una vez modificada las normas legales para regularizar e
impedir la demolición de las 250.000 viviendas aisladas que hay en Andalucía en
suelos no urbanizables, ahora se pretende regularizar las construidas en
auténticas urbanizaciones ilegales, montadas por tramas de especulación y
corrupción. Estamos hablando de la forma más cancerosa de especulación del
suelo rural, consistente en subdividir ilegalmente una parcela, construir una
casa por parcela y luego venderlas. Ya no se trata de una unidad rústica, de
pasado agrícola, en la que se ha levantado una casa, sino en un grupo de casas
que, subrepticiamente, ha creado un asentamiento urbano. Todo ello va en contra
de la ley de ordenación urbanística y los criterios de sostenibilidad,
establecidos en multitud de documentos, por los que se apuesta por la ciudad
compacta, un criterio unánime en la Unión Europea.
Si el decreto de regularización de las viviendas construidas
en suelo rústico ya era una bendición para los delincuentes urbanísticos, esta
nueva medida supone ya una claudicación del deber de la Junta de Andalucía de
velar por la aplicación de las leyes de esta comunidad. Aunque se afirma que
esta medida “no supondrá la legalización” de la vivienda, sí se le está
animando a que no se derribe, como establece la ley, y que pueda recibir los
servicios municipales, y cumplir con el correspondiente IBI. Para los moradores
del suelo rústico, es suficiente para garantizar la creación de sus paraísos
inmobiliarios.
Con esta amnistía se está alentando irresponsablemente a la
construcción ilegal en suelo rústico, esta vez además con el chollo de la
subparcelación, que dejará de ser ilegal con tan sólo pactar con el
ayuntamiento respectivo un periodo, establecido por la propia Junta de
Andalucía, para que se pueda regularizar. La especulación y la corrupción
encuentran así un nuevo camino para llenar nuestros campos de viviendas con
parcelas valladas. La impunidad está garantizada.
¿Son estos los nuevos tiempos que prometió Susana Díaz? ¿En
qué se diferencia su política urbanística de los anteriores presidentes de la
Junta o de la de los Gobiernos del PP de Valencia, Madrid o Murcia que han
apostado decididamente por la especulación urbanística fomentando la
corrupción?
Comunicación de Ecologistas en Acción de Andalucía, 18-09-2014
Fuente original: www.adta.es
