(NOTA: Texto
para la charla-debate a celebrar el viernes, 5 de Diciembre en Cádiz organizado
por el SAT-Cádiz con motivo de la celebración del día de Andalucía).
Introducción
Hablar de
Soberanía, es hablar de poder e independencia. En el ámbito más personal, la capacidad de actuar para conseguir
nuestras necesidades y cumplir nuestros anhelos, de ser plena como persona
libre. Se dice rápido pero en realidad requiere superar muchas dificultades
subjetivas que pesa sobre nuestras cabezas de las personas desde generaciones,
primero visibilizarlas, ser autoconsciente de ellas, y luego ponernos a la
acción, crecer positiva y enriquecedoramente como persona. Pero la soberanía
personal quedaría coja si no se acompaña de la soberanía del entorno en el que
nos encontremos, el familiar, el del barrio, ciudad o país. Por que no
tendremos esa posibilidad de actuar,
transformar y mejorar en lo personal si mi pueblo, centro de trabajo o mi familia
no la tiene. Y para eso necesitamos trabajar individual y colectivamente, para
conquistar, practicar, la soberanía en todos los ámbitos de nuestra vida,
combinando la actitud personal frente a posibles imposiciones injustas lo cual
no impide, sino todo lo contrario, que dicha actitud la realicemos en parejas,
equipos de trabajo, grupos militantes
sindicales, sociales o políticos. Es una práctica y una lucha diaria
para conseguir cuotas de independencia personal, profesional o vecinal que
termina en lo nacional, en el territorio en donde nos encontremos, en la
soberanía política.
No es fácil
porque nuestra sociedad individualista desde los albores del capitalismo ha
propiciado la pasividad, el aislamiento y la falta de participación comunal. Y
por ello el proceso es largo y difícil, un esfuerzo que supone un cambio
consciente y progresivo de hacer y construir grupo. Tampoco el sistema
capitalista en su fase actual imperialista más decadente nos lo pondrá fácil,
ya que se arma, se blinda, no solo de armamento
sino también de sus medios de comunicación, de sus sistemas jurídicos y
comerciales, de todo un aparato ideológico que fomenta el egoísmo, el
consumismo y una felicidad quimérica y superficial. Todo ello para mantener el estatus
quo que tiene como base fundamental a los grupos económicos de poder.
Que la
Troika (la Comisión Europea, El Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional) tiene más poder de
decisión que los propios estados con supuesta soberanía política, es bien
palpable en la actualidad. Por eso necesitamos soberanía política, la esencial,
la que aglutina las otras imprescindibles soberanías, porque son los gobiernos
los que deciden en los ámbitos fundamentales de nuestras vidas. La cuestión es
decidir para quien y el como de esas prácticas soberanistas, ¿para beneficiar a
las grandes empresas transnacionales? O para beneficiar a la amplia mayoría de
su población. En este contexto debemos situar la soberanía alimentaria la más
básica y elemental porque nos permite el sustento y supervivencia de una
población.
Concepto de
Soberanía Alimentaria
La expansión
de las luchas por la seguridad y soberanía alimentaria surge de la larga
historia campesina que se gestó de diferentes formas según épocas y lugares.
Sin embargo, podríamos destacar varios hitos o momentos históricos que marcan
la situación actual. El primero se gesta con la revolución industrial en Inglaterra a finales del
siglo XVIII, cuando se introducen las leyes de libre mercado en alimentos
básicos de subsistencia como el cereal. El alimento pasa a ser una mercancía,
un valor de cambio en lugar de ser un necesario valor de uso. Este
acaparamiento de grano se produjo a costa de los cercamientos de las tierras
comunales y la expulsión de las comunidades rurales a las ciudades industriales
inglesas[1].
Tras la revolución industrial, Inglaterra pide el fin de los aranceles para sus
productos industriales mientras internamente continúa con la concentración de
la propiedad de las tierras y la expulsión de campesinas y campesinos, su
empobrecimiento, el trabajo infantil y la criminalización de las protestas.
Posteriormente, tras la segunda guerra mundial, la Revolución Verde, es
otro hito que supuso una aceleración y extensión de la mercantilización
alimentaria que se caracterizó por el uso masivo de paquetes “tecnológicos”
como los agrotóxicos (plaguicidas, pesticidas y herbicidas), los fertilizantes,
las semillas híbridas, la maquinaria agrícola y el uso de créditos bancarios.
Pero, sobre todo, se caracterizó por la apertura de mercados a nivel
internacional a través de supuestas organizaciones no gubernamentales (ONGs),
como la Fundación Ford y Rockfeller, que junto a la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), introducen estos paquetes “tecnológicos”
mediante alianzas y tratados internacionales. En Latinoamerica, la Alianza para
el Progreso supuso la sustitución de la harina blanca por alimentos locales
como el maíz y la yuca, y donde ya estaban decididas las empresas que
participarían en el negocio. Lo mismo ocurrió con otros países del hemisferio
sur y partes de Asia. La implantación de los transgénicos y la llamada
tecnología sintética, es una continuación más reciente de la intensificación y
extensión mundial de la mercantilización alimentaria. La difusión de semillas
transgénicas iniciada en los años 80 y 90 del siglo XX ha supuesto una
concentración de los cultivos más lucrativos, la invasión de territorios a
través de extensos monocultivos, especialmente de cereales y legumbres como el
trigo, el maíz y la soja, pero también el algodón y caña de azúcar o las
patatas; mayor consumo de agrotóxicos; mecanización del campo y menor uso del
trabajo humano.
Es en este
contexto cuando se produce un aumento de la toma de conciencia social y
política de las campesinas, indígenas y gente del mundo rural que se organizan
en movimientos nacionales e internacionales, destacando la organización Vía
Campesina. El concepto de Soberanía Alimentaria adquiere relevancia en 1996
cuando Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la FAO, rompe con la organización de los mercados agrícolas y financieros puesta
en práctica por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con el concepto de
seguridad alimentaria definida por la FAO, reivindicando un concepto más amplio
y profundo. Será en la declaración final del foro mundial sobre
soberanía alimentaria celebrado en La Habana en 2001, que Vía Campesina y otros
movimientos expresan que:
«La
soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias
políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar
la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar
metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser auto-
suficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos
excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante
la práctica del ‘dumping’... La soberanía alimentaria no niega el comercio
internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y
prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a
disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y
ecológicamente sustentables».
De esta
definición se destaca el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas
agropecuarias y en materia de alimentación. A proteger y reglamentar su
producción interna con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible y decidir su
autosuficiencia. El derecho a impedir que sus mercados se vean invadidos de
productos más baratos que los costos de los productos nacionales (dumping). A abogar
por un comercio internacional que proteja y sirva a los pueblos, a una amplia
mayoría de la población (y no a unas pocas multinacionales) y a disponer de
métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y respetuosos con el medio
ambiente.
La soberanía alimentaria
es un tema de seguridad y poder real de un país. Ya que si para alimentar a un
pueblo de una nación cualquiera su estado (las naciones y pueblos que no tienen
estado aún lo tienen más difícil) debe depender de las reglas abusivas del
mercado internacional de alimentos y otros bienes o servicios, que además se
utiliza como instrumentos de presión; o de la imprevisibilidad y los altos
costos del transporte de larga distancia, ese país pierde la posibilidad de
actuar no solo sobre la alimentación sino también sobre otras decisiones
políticas y económicas.
Se trata, por tanto de
apoyar los mercados locales y proteger mediante subsidios a los grupos de
campesinas y trabajadoras/es del campo que se mantienen en sus tierras y
generan economías locales, conservación del suelo y prácticas agrícolas
ecológicas. También para la producción y protección pecuaria y la pesca local,
respetuosa ambos con la conservación del medio ambiente. Estas políticas que
protegen a los pequeños productores y a las cooperativas locales entran en
clara contradicción con la existencia de las
transnacionales del sector de la alimentación como Cargill, Archer
Daniels Midland (ADM), Dreyfuss, Bunge, Nestlé, entre otras, las cuales promueven
el control monopólico de los alimentos a nivel mundial obteniendo grandes
beneficios monetarios abaratando sus precios a costa de la explotación de los y
las trabajadoras, de los animales y son agresivos con la naturaleza y el medio
ambiente. Pero también transnaciones del sector químico (fertilizantes y
agrotóxicos), medicamentos y biotecnología: Monsanto, Dupont, Syngenta o Bayer,
ocupan los primeros lugares en el negocio de semillas patentadas, incluidas las
transgénicas. Los estudios hace tiempo que alertan de la enorme concentración
mundial de estas empresas, 5 países acaparan el 91% de los ingresos totales y
el 82% de estas empresas, con los Estados unidos a la cabeza (47% y 50%
respectivamente), seguido a gran distancia Gran Bretaña, Japón, Suiza y
Alemania.
En definitiva la
producción alimentaria, que incluye alimentos, tierras, aguas, semillas y
tecnologías limpias como las energías renovables, de los diferentes países que
luchen por una soberanía política y popular deben protegerse de los acuerdos
abusivos y protectores de las grandes transnacionales del sector como la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
o de tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Acuerdos que benefician a las burguesías de los Estados más
poderosos del mundo como los Estados
Unidos y la Unión Europea que abaratan sus costes y obligan a los gobiernos que
firmaron los acuerdos a importar productos más baratos que el coste de su
producción nacional. La importancia de actuar a través de las luchas de los
movimientos populares y gobiernos más progresistas puede evitar estos acuerdos.
Como ocurrió con el intento del Tratado de ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas) que intentaba sobreexplotar las riquezas de América Latina y
alterar el poder judicial en dichos países. La resistencia de los pueblos y de
algunos gobiernos de la zona, destacando el gobierno de Venezuela impidió su
consecución.
Estos acuerdos y
normativas internacionales suponen una protección legal a las grandes empresas
y los futuros gobiernos no podrán hacer nada. Sus demandas a través de
tribunales internacionales ya ocurren desde hace tiempo, Uruguay fue demandada
por 2000 millones de dólares, ¡por poner alertas sanitarias en las cajetillas
de tabaco!, Alemania por cerrar centrales nucleares, y así en otros países como
Ecuador o el caso más reciente y ejemplarizante de Argentina que tiene
acumuladas demandas por 20.000 millones de dolares.
Además, en
junio de 2013 la Unión Europea y los Estados Unidos inician, aprobado en el estado español por el PP y el
PSOE, negociaciones para llegar a un Acuerdo Trasatlántico de Comercio e
Inversión, más conocido como Tratado de Libre Comercio (TLC). El objetivo
principal no es la reducción de los ya muy bajos aranceles sino la regulación
de las relaciones comerciales que favorecerán a las corporaciones
transnacionales y que afectarán a estándares medioambientales, convenios
laborales y derechos de propiedad intelectual e incluso privatizaciones de
servicios públicos. Pero para el tema que nos ocupa las consecuencias de este
tratado es la competencia desleal de las grandes empresas que podrán mantener
costes y precios reducidos (a costa de una mayor reducción de puestos de
trabajo y explotación laboral) eliminando a la competencia local y nacional. A
nivel alimentario, las granjas de EE.UU. son aún más intensivas, 13 veces más
grandes, y contaminantes que las europeas. Esto aumentará la concentración de
poder y riqueza en el sector que la que sufrimos actualmente. Los negociadores
de Estados Unidos han señalado particularmente a la regulación de sanidad y de
los productos fitosanitarios (La llamada agrofarmaindustria donde la
biotecnología juegan un papel primordial), que facilitará la introducción de
organismos modificados genéticamente (OMG) en alimentos y otros como las
hormonas de crecimiento transgénicas para el engorde rápido de animales; como apunte, el 70% de la comida
vendida en Estados Unidos contienen OMG (sin legislación para identificarlos en
el etiquetado). Además de las consecuencias negativas que tendrá para el
potencial desarrollo industrial de otros sectores en los diferentes territorios
de la Unión Europea, la potenciación de energías fósiles y peligrosas como el fracking, o la pérdida de
puestos de trabajo y su mayor precariedad (el Tratado de Libre comercio de
Norte América firmado por Canadá, Estados Unidos y México en 1993 que anunció
que crearía un total de 20 millones de empleos, se quedó en una pérdida neta de
cerca de un millón de empleos por las deslocalizaciones). Tratados o acuerdos
como este provocaría, si no lo evitamos, un poder, una potestad judicial mayor
que la de los tribunales del estado español, obviando por supuesto los
tribunales más locales y la soberanía presente y futura de los pueblos que la
componen.
La soberanía alimentaria
en Andalucía
La Tierra en Andalucía
ha tenido un valor material y simbólico, un patrimonio colectivo, que es la
base de su identidad, de su rica y genuina cultura. Pero la realidad de su tenencia es muy otra,
representando una de sus aspiraciones más importantes y simbólicas: Una Tierra
repartida y generadora de empleo y alimentos de calidad, respetuosa con el
medio ambiente y organizada de forma que
distribuya sus productos desde lo local en un proceso de formación de las
mujeres y hombres del campo en colaboración con otros sectores de la economía
social.
Suscribimos el concepto
de Soberanía Alimentaria para nuestra tierra, pero no solo para esta sector
sino para otros fundamentales como el industrial, energético, tecnológico y del
conocimiento en general. Porque Andalucía ha sido históricamente, al menos
desde los inicios del capitalismo, un territorio dependiente y suministrador de
materias primas y mano de obra barata a otros lugares del estado español y de
otros estados. Con una estructuración económica que promovía sectores como la
agricultura extensiva con menor valor añadido que otros como el industrial y
financiero y cuyos centros poder y las ganancias han estado fuera del
territorio. A esa dependencia se añade imponer a su territorio una frontera
militarizada (Gibraltar y dos bases de la OTAN) y asiento de las industrias más
contaminantes cuyas plusvalías se han apropiado agentes externos (polos
industriales en Huelva y la Bahía de Algeciras). Territorio de un
"monocultivo" de sectores, como el turismo y el inmobiliario, que ha
provocado más paro, contaminación, pobreza y precariedad laboral. La entrada
del Estado español en la Unión Europea creó una dependencia aún mayor de
Andalucía a intereses exteriores y una profundización del latifundismo. Solo
hay que mirar los números de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para
ver que éstas se concentran en los grandes propietarios de tierras y obvian el
criterio fundamental de creación de empleo y desarrollo social. También ha
provocado una intensificación del monocultivo, como es el caso del olivar y la producción de aceite de oliva de alta
calidad. Pese a que todos los procesos de transformación se producen en nuestra
tierra, una ausencia de fiscalidad de los gobiernos estatal y andaluz dejan que
terminen en empresas británicas y como ya ocurrió con la industria cervecera
Cruzcampo y ello sin entrar en quien tiene la propiedad y el control de
nuestros recursos e industrias.
En la actualidad, esta
dependencia política del Estado español, y éste de la Troika, tiene como
resultado su dramática situación
económica y social. La tasa de desempleo alcanza en Andalucía en el año 2013,
el 36% de la población activa y en menores de 25 años el 66% (sin contar la
cada vez mayor cantidad de gente que ya ni se inscribe en el paro). El 56,2% de
los desempleados no reciben prestaciones por desempleo, 5 puntos por debajo de
la media estatal (y aún debemos soportar que nos llamen
"subsidiarios") a lo que se añade un grave aumento de la precariedad
laboral y cerca del 40% de la población en estado de pobreza o exclusión
social. Esta gravísima situación tiene una trayectoria histórica de muchos
años, que se acentúa en los últimos 30, al profundizarse las políticas en la
misma dirección equivocada ya comentada, con la ayuda cómplice de la Junta de
Andalucía que sigue manteniendo una Andalucía pobre en un territorio rico.
Los antecedentes
históricos más recientes de la lucha por una reforma agraria en Andalucía se sitúan
en los movimientos campesinos de finales del siglo XIX y hasta bien entrado el
siglo XX. En la actualidad la reivindicación es más amplia al incluir el apoyo
y la preservación de sus recursos agropecuarios, pesqueros y de todo el talento
y conocimientos ancestrales que caracterizan la rica cultura andaluza. Por
tanto, una de las aspiraciones históricas de nuestro pueblo es la importancia
de tener un Patrimonio Agrario Andaluz con tierras que, al menos a corto plazo,
incluyan las de titularidad pública; las cedidas y recuperadas como tierras
comunales y de propios que sufrieron procesos desamortizadores; las que no
estén siendo explotadas ni mejoradas por el desuso y abandono y las que fueron
expropiadas al amparo de la legislación de la Segunda República. Que dichas
tierras se utilicen en forma de cooperativas, con empleo y salarios justos, con inclusión destacada de
la mujer y otros colectivos más desfavorecidos. Que su producción sea para uso
alimentario y sus ganancias reviertan en los grupos involucrados; que no se
utilicen semillas tratadas genéticamente y que promueva semillas tradicionales.
Que fomente la utilización de técnicas tradicionales y nuevas para un uso
eficiente del agua y con el compromiso que en un plazo reciente un alto
porcentaje de la explotación sea de certificación ecológica.
Por tanto, hablar de
soberanía alimentaria en Andalucía implica fomentar la participación, el
reparto y la calidad de la producción alimentaria local y nacional incluyendo
el concepto de seguridad alimentaria basado en el conocimiento científico que
se nutra de los conocimientos ancestrales del pueblo en estrecha relación con
el académico. Las riquezas naturales agropecuarias deben ser fuente de
alimentos de calidad para una salud y dieta equilibrada para toda su población.
Además, el Patrimonio Agrario Andaluz deberá ceder fincas para el
aprovechamiento forestal, su regeneración y repoblación, la silvicultura, las
cabañas caprinas y ovinas, la apicultura y la obtención de biomasa y abonos
naturales para el desarrollo de industrias relacionadas así como para mantener
las instalaciones de transformación artesanal. Pero también se deben incorporar
las iniciativas que ya existen sobre avances tecnológicos y de innovación, el
uso de energías renovables y el desarrollo de I+D+i (Investigación, Desarrollo
e innovación) en los sectores fundamentales de la economía nacional andaluza.
Es necesario plantear
acciones concretas y generales, y potenciar los múltiples frentes de la lucha
para conseguir la soberanía en general, y la alimentaria en particular. Porque
estemos en el campo o en la ciudad se puede actuar modificando actitudes y
organizando las acciones en todos los ámbitos. Si queremos un consumo
alimentario saludable para nuestras familias y para toda la población debemos
empezar por nosotras mismas evitando el consumo de alimentos que supongan un
alto coste económico, social y ecológico. Aunque es muchas veces difícil
conocer la posible utilización de productos químicos, transgénicos o producidos
bajo inadmisibles condiciones de explotación laboral y saqueo de los pueblos,
siempre se puede intentar un consumo responsable. Solo evitando o comiendo muy
poca cantidad de alimentos proteicos de origen animal o alimentos de
fabricación industrial estamos mostrando nuestro rechazo a la producción
intensiva de las explotaciones agropecuarias, aviarias y pesqueras. Intentando
conocer el origen de los alimentos para consumir los de producción local y
respetuosa con la clase trabajadora y la naturaleza, consumiendo frutas y
verduras de cooperativas y explotación cercanas y ecológicas y evitando comprar
productos de los grandes invernaderos o latifundista. Comprando en las tiendas
del barrio y en los circuitos de producción y consumo responsable o apoyando
las experiencias agroecológicas de nuestro entorno.
Concienciar y educar en
el ámbito donde nos movamos y actuar en los grupos donde militemos. La lucha
organizada, social, sindical y política es básica para impedir que se vulneren
derechos básicos y necesarios como la alimentación, la vivienda o el trabajo de
calidad. El bien común, el derecho comunal debe prevalecer frente al derecho de
la propiedad privada, y cuando hablamos de propiedad privada hablamos de
grandes empresas que en el estado actual de internacionalización de su poder y
de las legislaciones que las amparan está afectando a la salud global de la
población. En este sentido volvemos a suscribir la alternativa que plantea la
ponencia "Soberanía Alimentaria" del I Congreso Nacional del SAT
(celebrado en Diciembre de 2011) reivindicando la capacidad de decidir de las
naciones y de los pueblos según sus propios intereses. La necesidad en
Andalucía de una política agroalimentaria sin interferencias del la OMC o del
FMI y la necesidad de, al menos, un cambio radical de la PAC. Considerar los
alimentos como un derecho inalienable de los pueblos que los estados deben
garantizar; expropiar a los expropiadores los bienes comunales, la tierra, el
agua, las semillas y los recursos naturales arrebatados a los pueblos; fomentar
relaciones horizontales de comercio sin monopolios ni oligopolios
agroalimentarios y producir alimentos saludables a través de su trazabilidad
comprobada.
En definitiva, luchar
por la soberanía alimentaria en Andalucía es luchar en todos los contextos por
las múltiples soberanías, subjetivas y objetivas, que se engloba en la
política, en la capacidad de decidir nuestro futuro como pueblo, de abajo a
arriba y de arriba abajo tejiendo una red de decisiones cada vez más tupida y
real.
Concepción Cruz Rojo
Militante
del SAT-US y Asamblea de Andalucía
4
de Diciembre de 2014.
[1] En Andalucía
en la primera mitad del siglo XIX se produce una mayor concentración de la
tenencia de la tierra con los procesos desamortizadores, se incrementó el
latifundio a costa de los bienes comunales y de propios que empobreció aún más
a la gente del campo.