Se
presentó el viernes con este título: Un proyecto económico para la gente.
Es interesante recalcar el «para la gente» porque ya obviamente se hace sin la
gente. Aunque formalmente este documento se pretenda como un punto de partida
para el debate ciudadano —o lo que es lo mismo, que este «proyecto» no es el
«programa»— lo cierto es que, si nos queremos tomar en serio a Podemos, lo
debemos considerar como sus fundamentos en materia económica.
En
línea con lo que viene siendo la nueva orientación del partido, se nos
propone un documento de «sabios». Dos expertos —atiéndase sólo dos para
algo tan complejo como lo que debiera ser un giro económico de 180
grados— han preparado lo que va a ser el esqueleto del programa económico. Y lo
han hecho desde posiciones muy determinadas. Como ya hemos escrito, sobre la discusión económica pivotan las alternativas políticas, Una elección económica siempre ha sido una elección política, pero a día
de hoy esta afirmación clama al cielo.
Sin
duda, el documento tiene algunos puntos fuertes, por ejemplo, un enfoque
sobre el euro y Europa que huye del escepticismo habitual entre bastantes
economistas críticos. También es interesante el papel central, aunque algo
diluido, que tiene el impago de la deuda como condición para cualquier programa
económico efectivo. No obstante y más allá de que podamos coincidir en las
cuestiones normativas (los buenos deseos), las propuestas de Navarro y Torres
se pueden definir en términos económicos como keynesianas, y en términos
políticos como socialdemócratas.
La
cuestión de fondo, y que luego veremos con algún detalle, está en determinar
si socialdemocracia y keynesianismo pueden ser hoy formas de acercamiento
siquiera adecuadas para tratar cuestiones como las del cambio del modelo
productivo y las funciones del empleo. Antes de nada, es preciso aclarar
una diferencia profunda de diagnóstico sobre el capitalismo financiarizado en
las escuelas neokeynesianas y otras lecturas como las que aquí se sostienen. Para
los keynesianos, la hegemonía financiera es un simple problema de desinversión.
El problema reside en el poder que los propietarios del dinero, las finanzas,
han logrado concentrar durante la era neoliberal. Este les ha permitido rehuir
de su “tradicional función” en el marco capitalista: la inversión productiva.
Según este esquema, los capitales se refugian en los mercados financieros donde
todavía son capaces de acumular riqueza. Así pues basta con obligar
políticamente a las élites, fundamentalmente mediante la fiscalidad, a cumplir
con su función inversora para que la economía vuelva a crecer y a crear empleo
en la cantidad suficiente como para revertir la crisis. En esta dirección van
muchas de las propuestas de su documento, la mayoría imprescindibles pero
insuficientes como mecanismos de orientación de una “economía para la gente”.
Las
cosas se pueden leer, no obstante, de otro modo. Desde nuestro punto de vista,
que además hemos explicado con profusión para el caso español, el proceso de
acumulación de poder y riqueza de las élites financieras, refugiadas en los
mercados financieros, es el resultado de un conjunto complejo de factores que
se anudan en los años setenta. Fue en esta década, a caballo de un intenso
ciclo de luchas sociales, creciente competitividad entre las viejas potencias
industriales y agotamiento del ciclo keynesiano-fordista cuando surgió, en
tanto solución capitalista, el neoliberalismo y la financiarización. Resultado
de la inviabilidad de esa solución es la larga crisis de sobreproducción del
aparato productivo capitalista que dura ya más de cuarenta años. Por concretar,
el resultado de esta crisis es que cada vez que la inversión sale de sus
cuarteles financieros, o de sus burbujas inmobiliarias o tecnológicas, se
encuentra con un problema de bajísima rentabilidad y alta competencia en los
sectores que deberían estar arrojando altas tasas de beneficio. Por eso, el
capitalismo vuelve de forma reincidente a sus refugios financieros desregulados.
En otras palabras, la inversión privada, más allá de los mercados financieros,
las burbujas y la emigración a China, está desde hace décadas incapacitada
para contribuir significativamente a la inversión productiva y al empleo.
El capital tan solo ha respondido, y de manera insegura, a los llamamientos a
la inversión mediante la masacre de sus costes salariales, sociales y
ecológicos.
Esto
puede parecer un oscuro punto del debate teórico, pero es fundamental a la hora
de abordar cualquier posición económica que aspire a la transformación; algo
que debiera importar, y mucho a Podemos, caso de que quiera configurarse como
una opción real de ruptura. La polémica podría quedar resumida así: ¿empleo
o desenganche del empleo (Renta Básica)? Desde el punto de vista económico,
la opción por la Renta Básica tiene la voluntad de orientar los viejos asuntos
de la igualdad social en términos de un cambio radical del modelo productivo y
de la economía política de la financiarización. En dirección contraria,
en el programa de Navarro y Torres, se apuesta por el empleo. De hecho, la
RB desaparece de escena para convertirse en un “dinerillo” que se da a los
pobres. La RB se convierte en Renta Mínima de Inserción.
En
esta misma dirección, se puede considerar el papel que el documento de Torres y
Navarro otorga a la inversión como motor de recuperación económica, según el
clásico esquema de mayor inversión, mayor empleo, mayor consumo y por ende un
ciclo virtuoso de crecimiento económico. La cuestión está en saber ¿cuáles
son las condiciones hoy de generación de inversión? Lo más probable, en el
marco del capitalismo financiarizado, es que la inversión privada no comparezca
en el volumen necesario. Dicho de otro modo, lo más probable es que sea la
inversión pública la que tenga que llevar el peso de la recuperación del
empleo. Los sectores elegidos son los del Estado de Bienestar: sanidad, educación,
dependencia. Nadie duda de que la inversión pública en estos sectores sea
fundamental. Lo que sí es dudoso es que estos puedan ser el motor de la
transformación.
La
pregunta surge inmediatamente: cuánto dinero público requiere esta
estrategia de empleo público para ser significativa y eficaz en el corto plazo
(y entendemos que es una apuesta de emergencia). Mucho sin duda. Curiosamente,
la Renta Básica puede ser una línea de recomposición económica más interesante.
Esta se puede entender justamente como un mecanismo de pre-distribution,
no como una renta de pobres, sino como un medio de activación económica y de
los recursos productivos de una población hasta ahora sometida al empleo low
cost y altamente precarizado. Para que se vea con un cálculo puramente
orientativo, y por lo tanto pedestre. Un plan de empleo, fundamentalmente
público, como el que se desprende del documento de Navarro y Torres para
alcanzar las dimensiones necesarias para compensar los niveles desorbitados de
paro y precariedad generalizada, tendría muy posiblemente unos costes muy
similares, o incluso superiores, a los de la Renta Básica. No hay que olvidar
que este programa, para tener un impacto significativo, no debería bajar de los
dos millones de empleos públicos, o lo que es lo mismo más de un 10 % adicional
del PIB.
Otra
duda con lo que podemos considerar el aspecto clave del programa de
Torres-Navarro es si un programa de empleo público de esta envergadura, en
los sectores del Estado de bienestar, no va a encontrarse rápidamente con
problemas de escalabilidad. Se trata de servicios que requieren de fuerza
de trabajo cualificado. Y es evidente que en un año no se puede triplicar el
número de médicos, profesores o cuidadores. En una previsión de escenarios, lo
más probable es que este cuello de botella se supere mediante un viejo conocido
del sistema productivo español: la inversión pública en infraestructuras. Por
supuesto, aquí sería mucho más fácil encontrar el suplemento de la inversión
privada, pero entraríamos en el terreno de una nueva burbuja
inmobiliario-financiera.
Una
tercera duda hace referencia a la posición del sistema de crédito en el
documento de Navarro y Torres. Se habla, y mucho, de sistemas de crédito
públicos y de “derecho al crédito” No hay nada en contra del crédito en sí,
pero para sostener esa posición central del crédito hay que asegurar que los
niveles salariales crecen lo suficiente como para soportarlo y no generar una
nueva especie de “esclavitud por deudas” como la que estamos todavía viviendo.
También
en el documento se habla mucho de reforzar los sindicatos, pero si
adelantamos un escenario de debilidad de la inversión privada, por un lado, y
de fuerte inversión pública, por el otro, lo más probable es que la fuerza
sindical en el sector privado resulte inoperativa. Conviene no olvidar que el
contexto seguirá siendo de atomización y precariedad, debido a la propia
debilidad del capital. De nuevo aquí, la Renta Básica borra del mapa,
literalmente, buena parte de los empleos precarizados. Es por ello la mejor
base de negociación posible frente al capital así como para un nuevo
sindicalismo apoyado en algo tan básico como “no temer morir de hambre si no trabajas”.
Además con la RB se sentarían las bases para una nueva economía cooperativa
no destrozada por las condiciones que fija el capital privado, algo que en el
documento de Torres-Navarro apenas aparece de pasada.
Desde
luego, la Renta Básica no está libre de problemas. Podríamos discutir
sobre su aplicación en un solo país, por ejemplo. Quizás, el principal de ellos
es que es más difícil de sostener electoralmente que el empleo público. Es un
problema que afecta a todo lo nuevo. ¿Cómo competir con una figura política,
tan conocida que es casi pop, como la socialdemocracia? Dado no obstante
que el combate en torno al pago de la deuda no va a tener una solución
inmediata, desde el punto de las finanzas es tan inaceptable un programa
keynesiano de empleo como otro de desenganche del empleo y Renta Básica.
En
último término, el problema central del documento Navarro-Tores está en su
apuesta política. El keynesianismo nunca fue un programa de transformación
económica, sino de conservación de un capitalismo en crisis atravesado por
una fuerte lucha de clases. Hoy estas clases ya no existen como tales. Con
ellas murió también el interés de las élites por regular una partida que saben
ganada. Queda, por supuesto, la memoria viva de ese momento que en España es casi
el mismo que el de la formación de la clase media en los años sesenta y
setenta, con su prórroga en la década socialista de 1982-1995. A eso apela este
documento, sin añadir prácticamente nada nuevo sobre los problemas del
capitalismo financierizado y la fragmentación social actual.
Desde
la perspectiva que aquí se pretende, apostar por mecanismos de desenganche
del empleo es apostar por una formación política emergente. Es apostar
sencillamente por la formación de nuevas clases (entendidas como sujetos
políticos), a partir de la descomposición de las viejas clases medias. Se trata
de un fenómeno que estamos viviendo de manera incipiente y que en España
inaugura el 15M. Quizás pueda parecer complicado asumir esta posición. Pero
Podemos sólo ha sido la primera expresión electoral de estos nuevos sujetos
sociales y políticos. De forma consecuente, su política económica debería estar
pensada para reforzar esta emergencia política. Paradójicamente, en la apuesta
keynesina de Torres-Navarro, se vuelve a un pasado de regulaciones y recetas
económicas muy por debajo de las posibilidades del momento: una suerte de
modelo sueco de inversión pública, Estado de bienestar y políticas de empleo a
escala nacional. Ni políticas de promoción de los tejidos cooperativos, ni una
consideración de la financiarización como meollo del capitalismo actual, ni en
definitiva refuerzo de la autonomía de los sujetos productivos frente al empleo
precario. El giro socialdemócrata puede valer un tiempo para atraer viejos
recuerdos de voto, pero malamente como política económica alternativa.
Isidro
López y Emmanuel Rodríguez.
Fuente
original: Público, 2 de diciembre de 2014
