El principal problema
que están sufriendo centenares de miles de familias en todo el país es el
riesgo permanente de caer en la pobreza como advierte el Informe sobre el Estado Social de la Nación 2015, a pesar
de que los indicadores macroeconómicos nos anuncien el final de la crisis. Esta
crisis, a diferencia de las anteriores, está causando un crecimiento
exponencial de la desigualdad social, además de haber dejado al descubierto
la corrupción, cuyo ejemplo más rotundo es que de los 14 ministros del gobierno
de Aznar, 11 están imputados, cobraron sobresueldos o están en la cárcel.
Durante estas últimas décadas los gobiernos no sólo han sido
responsables de estas corruptelas y despilfarros, que han agravado aún más la
crisis, sino que han puesto incluso el patrimonio público en manos de
instituciones privadas. Un escandaloso ejemplo de ello lo tenemos en la
modificación que el gobierno de Aznar hizo del artículo 206 de la
ley Hipotecaria, que está permitiendo a la Iglesia católica registrar miles de
bienes públicos como monumentos (nacionales y mundiales), iglesias,
ermitas, casas, fincas, sin acreditar título de propiedad, lo que convierte a
tal institución en la mayor inmobiliaria del Estado.
Como dice Alejandro Torres, catedrático de Derecho
Público de la Universidad Pública de Navarra, la Iglesia católica ha sido
rápida y silenciosa en este maratón de inmatriculaciones, toleradas
posteriormente por el gobierno socialista, y desconocidas por la opinión
pública, hasta su denuncia por organizaciones como Europa Laica, o
plataformas en defensa del patrimonio navarro o de la Mezquita-Catedral de
Córdoba. El escándalo llegó a su culmen cuando el exministro Gallardón inició
una amnistía registral que ha culminado ahora Catalá, para blindar a la
jerarquía católica frente a un recurso de inconstitucionalidad directo contra
la norma que ha permitido este expolio.
Ante esta situación cabe hacerse tres preguntas: ¿Por qué se
modificó la ley en 1998? ¿Cómo nos ha afectado? y ¿Qué se está haciendo para
evitarlo?
La reforma hipotecaria era un compromiso por parte del
primer gobierno del PP con el sector más conservador y religioso de la derecha
española, y por ello sólo tardó dos años en modificar la ley que permite a
la Iglesia católica inmatricular bienes públicos. Ese gobierno estaba formado
por cuatro ministros pertenecientes al Opus Dei (Margarita
Mariscal, ministra de justicia; Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente; José
Manuel Romay Beccaría, ministro de sanidad y Loyola de Palacio, ministra de
agricultura) y dos considerados muy próximos a la Obra (Mariano Rajoy, ministro
de administraciones públicas, y Jaime Mayor Oreja, ministro de interior). El
Congreso de los Diputados era presidido por Federico Trillo, miembro del Opus
Dei, y Ángel Acebes, coordinador general del PP, militaba en las filas de los
Legionarios de Cristo. El mismo José María Aznar figuraba como afecto al Opus y
la entonces ministra de educación, Esperanza Aguirre, se encontraba entre las
defensoras a ultranza de la enseñanza católica.
La respuesta a la primera pregunta clarifica: nos encontramos
ante un Gobierno que acataba formalmente la Constitución democrática y
aconfesional pero con un alma, un fondo y hasta una forma nacionalcatolicista.
La jerarquía católica, en consonancia con los movimientos católicos más
ultraconservadores, encontró en plena democracia su mejor momento para
hacerse con el patrimonio público. Contaba con el respaldo del Opus Dei que
controlaba más de 1500 empresas, sociedades y bancos como el Popular; algunos
de sus miembros ocupaban puestos de responsabilidad en diferentes entidades
bancarias (Sancho Dronda, expresidente de la Confederación de las Cajas de
Ahorro o Rafael Termes, expresidente de la Asociación española de la banca).
Esta modificación de la ley hipotecaria ha supuesto miles de
inmatriculaciones en todo el Estado, desde plazas públicas, caminos, locales
comerciales, viviendas, cocheras, ermitas e iglesias que curiosamente se
registraban tan pronto eran restauradas por las administraciones públicas con
millones de euros, hasta las osadas inmatriculaciones de la Mezquita-Catedral
de Córdoba o la Giralda de Sevilla.
Ante el atropello que todo esto supone para un Estado
democrático y aconfesional, qué opinan y qué harán los/as candidatos/as a las
alcaldías y comunidades autónomas. Como ciudadanos y ciudadanas corresponsables
deberemos de estar muy atentos a sus respuestas, y desde la reflexión, actuar
en consecuencia.
Miguel Santiago, Profesor y portavoz de la Plataforma “Mezquita-Catedral, patrimonio
de tod@s”. Miembro de asamblea de Andalucía
Fuente original: http://miguelsantiagolosada.blogspot.com.es/2015/05/espana-inmatriculada.html
5 de mayo de 2015
