El gobierno del PP ha firmado con
Estados Unidos una modificación del vigente Convenio de Cooperación de Defensa
para que la base aérea de Morón de la Frontera se convierta en la principal
sede del ejército norteamericano para la intervención en África. Se
cuadruplicará el número de efectivos militares USA, llegarán quinientos civiles
“de apoyo” y crecerá significativamente el número de aviones de combate allí
estacionados (algunos, sin duda, con armamento nuclear).
Como es sabido, las bases de Morón
y Rota son resultado de los Pactos de Madrid de 1953 entre el régimen
franquista y el gobierno del presidente Eisenhower, en plena guerra fría entre
el “mundo libre” --que así legitimaba, por razones geoestratégicas, a la
dictadura surgida del golpe militar-fascista de 1936-- y el “bloque comunista”.
Desde entonces, España ha sido un socio dócil, un aliado fiel, de la primera
potencia militar del mundo constituida en sheriff del llamado orden
internacional. La segunda Restauración Borbónica, en este como en otros
ámbitos, apenas supuso cambios importantes respecto a la situación en el
franquismo; antes bien, la incorporación a la OTAN, propiciada por el PSOE de
Felipe González, profundizó los compromisos militares y la aceptación de
nuestra posición subalterna en la alianza.
La potenciación de las base que
ahora se pacta tiene como objetivo declarado facilitar las intervenciones
militares rápidas en aquellos países africanos y del Próximo Oriente que sean
percibidos como una amenaza para los intereses norteamericanos, bien por tener
regímenes poco sumisos a la voluntad de Washington o por ser definidos como
“estados fallidos”, propicios para que en ellos se desarrollen organizaciones
terroristas. La modificación de las funciones de la base de Morón supone, de
hecho, una cesión de soberanía a los Estados Unidos aún mayor que la hasta
ahora existente. Una cesión que no escandaliza a los nacionalistas españoles,
tan sensibles a las pitadas a himnos y a las demandas del derecho a decidir por
parte de algunos pueblos de los que componen esa realidad plurinacional, no
reconocida jurídicamente, que es el Estado Español.
¿Nos han preguntado a los andaluces
si estamos de acuerdo con que porciones de nuestro territorio pasen, de hecho,
a ser controlados por un ejército extranjero? ¿Ha sido consultado el gobierno
de la Junta de Andalucía sobre un tema que afecta directamente a nuestro papel
en el mundo y a nuestra seguridad? ¿Son compatibles los ideales de paz,
interculturalidad y armonía que caracterizan nuestra cultura y a nuestro pueblo
con que se añada a la función, que ya estamos siendo obligados a ejercer, de
barrera territorial contra quienes pretenden acceder a Europa, la de ser
también la plataforma desde la que se lancen ataques militares contra países
del Sur?
Actualmente, Andalucía no tiene
instrumentos para poder decidir, y ni siquiera intervenir en las decisiones,
sobre cuestiones como esta que afectan de forma muy importante a nuestro
presente y nuestro futuro. Pero es que, además, las instancias políticas
autonómicas hacen como si cuestiones como esta no fueran con ellas. La falta de
competencias --que refleja las insuficiencias del actual modelo
jurídico-territorial del Estado-- no obliga a ser ciegos y mudos. Es clamoroso
el silencio de doña Susana Díaz, tan locuaz siempre contra el PP y contra
cuantos osen contradecirla, que parece no haberse enterado de lo que ha sido
firmado sin consultarle ni siquiera informarla. Y choca también el silencio del
Defensor del Pueblo Andaluz y de la mayoría de los partidos políticos. Desde
Andalucía, ¿no hay nada que decir? ¿Debemos conformarnos con escuchar los
telediarios o leer en la prensa lo que se acuerda, sin nosotros, para nuestro
territorio? Tanto más cuanto que la potenciación de la base de Morón, junto a
la reciente conversión de Rota en uno de los epicentros del escudo antimisiles,
ponen a Andalucía en la diana del terrorismo internacional, convirtiéndonos en
un país de riesgo por las potenciales represalias ante ataques que partan de
nuestro suelo. Para no hablar de la probabilidad de accidentes con resultados
dramáticos.
Y, encima, hemos de soportar la
burla de que traten de justificarnos todo esto con el mantra de la creación de
puestos de trabajo. Por ese camino, pronto se defenderá la reinstauración de la
pena de muerte aduciendo que supondría algunos nuevos empleos (de verdugo). En
el caso de Morón, tenemos ya la experiencia de que toda ampliación del personal
norteamericano supone el despido de trabajadores locales. Eso sí, puede que
ahora se abran más whiskerías y clubs de alterne en las carreteras
circundantes. ¿Se referirán a estos empleos quienes dicen que van a crearse con
la potenciación de la base?
Isidoro Moreno, Catedrático Emérito
de Antropología Social Universidad de Sevilla. Miembro de asamblea de Andalucía.
Fuente original: Sección Tribuna diarios Grupo Joly, 30/Junio/2015
