Escribía hace dos meses, en este lugar, que el llamado
“Decreto antidesahucios”, publicitado a bombo y platillo por la Junta, había
sido como parir un ratón: se
utilizaban en él grandes conceptos como expropiación, función social de la
vivienda y otros –para que se notara el “perfume de izquierda”, que diría Diego
Valderas- mientras que se quedaba prácticamente en casi nada en cuanto a sus
resultados tangibles. En efecto, tras tres meses de vigencia sólo ha afectado a
doce casos (o, a lo más, a dieciocho) cuando son varios miles de familias las
que se encuentran gravemente amenazadas de perder sus casas. Pues, ni aún con
sus más que limitados efectos, el decreto ha podido seguir adelante, ya que el
gobierno del Estado ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad y el
Tribunal Constitucional lo ha suspendido de inmediato. Habría que preguntarse
si esto ocurre sólo porque el bipartidismo obliga
a que PP y PSOE siempre estén a la
gresca –a pesar de que sean muy pequeñas las diferencias entre ambos en las
cuestiones políticas fundamentales- o si es que la “autonomía” que tiene
realmente Andalucía no permite realizar políticas propias, sean estas las que
fueren.
Como no podía menos de esperarse, Izquierda Unida y PSOE
han emprendido una campaña de pronunciamientos institucionales e incluso de
concentraciones contra el gobierno “de la derecha”. Susana Díaz, la designada
candidata a presidenta de la Junta tras el chusco espectáculo de lo que en su
partido llaman primarias, está
exigiendo al PP que explique “qué pactó con la Banca y por qué se pone al lado
del sistema financiero”. Parece haber olvidado que fue precisamente el PSOE,
hace poco más de año y medio, el que pactó con los populares, en la famosa cena de Zapatero y Rajoy, el cambio
constitucional que ponía los intereses de la Banca por delante de las
pensiones, de la sanidad, de la educación, de la vivienda y de todo lo demás,
al establecer el pago de la “deuda” como prioridad absoluta. ¿Ya no se acuerda?
Y puede que no cínica, pero sí claramente inconsistente,
es la posición de IU. Su nuevo coordinador general llama a “rebelarse” y a
defender la “capacidad” de Andalucía para “hacer normas a favor de las
personas”. Dos objetivos que podrían compartirse… si se plantearan en serio. Me
temo que no es así, porque se parte de la afirmación de que la autonomía
andaluza posee esa capacidad, cosa que está lejos de ser cierto. Ese es,
precisamente, el problema que no ve IU, o no le interesa ver: que esta
“autonomía”, de la que su partido se muestra tan orgulloso y abanderado, carece
de competencias para elaborar leyes y normas que puedan transformar de forma
significativa nuestra realidad económica, social y política. Es ya hora de
decir con claridad que el Estatuto de Autonomía que acordaron PSOE-UCD-PCE-PA,
aprobado en 1981, constituyó una enorme estafa al pueblo andaluz porque no
respondía al autogobierno que este reivindicó el 4 de diciembre en las calles y
el 28 de febrero en las urnas sino al objetivo de crear una administración sin
apenas poder político real, es decir sin competencias para cambiar nada
importante aunque sí para crear muchos cargos donde colocar a quienes aspiraban
a hacer carrera política dentro de
esos partidos. Y su reforma, en 2006, tampoco fue un paso adelante sino todo lo
contrario, al declarar “superados”, sin estar resueltos, muchos de los
problemas seculares de nuestra tierra.
Así, ni fue posible la tímida reforma agraria que
planteara en su época el presidente Escuredo, ni el Guadalquivir es hoy, a
efectos legales, un río andaluz, ni el gobierno de la Junta tiene nada que
decir (caso de que quisiera decir algo) sobre las bases extranjeras en nuestro
territorio o sobre la ordenación de nuestras costas, o sobre… Y es que, además
de que quienes han gobernado Andalucía durante más de tres décadas no han
tenido voluntad política alguna de defender los intereses andaluces, si
hubieran querido hacerlo apenas hubieran podido avanzar en ello dentro del
marco político-jurídico actual. Una consecuencia salta a la vista y podría ser
la prueba sobre la sinceridad o no de IU cuando llama a la “rebelión”: la
necesidad de que, si queremos realmente decidir en qué Andalucía deseamos que
vivan nuestros hijos o nietos, hemos de superar el marco que nos impide tener
verdadera capacidad de autogobierno. Es ilusorio pensar que en el actual sea
posible otro futuro muy distinto al penoso presente. Y ello, gobiernen quienes
gobiernen en la Junta y en Madrid. Objetivo prioritario habría de ser, por
consiguiente, avanzar como pueblo en la construcción de otra estructura
política en la que el futuro de Andalucía pueda estar en manos de los andaluces
y exista capacidad para realizar otras políticas. Sin ello, sin un poder andaluz, la Andalucía Libre por la
que luchó y murió Blas Infante, hace ahora setenta y siete años, seguirá siendo una quimera o, lo que es peor, una invocación ritual
vaciada de contenido.
Isidoro Moreno, Miembro de Asamblea de Andalucía
Fuente original: diarios del Grupo Joly, 26 de julio de 2013
Fuente original: diarios del Grupo Joly, 26 de julio de 2013
