Consecuencias
de la última reforma laboral en España sobre las condiciones de trabajo. Una mirada
desde la demanda de trabajo:
A lo largo de la
“democracia” liberal representativa española, el mercado de trabajo ha sufrido
cincuenta y dos reformas laborales. El 19 de Febrero de 2012 se aprobó la
última reforma laboral en el estado liberal español (RDL/3/2012
en adelante). A consecuencia de
ella, han sido muchas voces las que se han manifestado en contra de dicho
decreto-ley. Si se realiza un análisis detallado sobre las medidas más
significativas del RDL/3/2012,
se puede observar cuáles son los argumentos que ofrece el gobierno en el
preámbulo del informe publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entre
estos encontramos: grave situación política, insostenibilidad del sistema,
problemas estructurales y debilidad del sistema entre otros. Además de estos
factores, se aprecia otro de importancia relevante, el artículo 86 de la
Constitución española (art.86-C.E en adelante). Hasta cuatro veces es citado en
el preámbulo de la reforma para justificar las medidas que se redactan
posteriormente. En el punto 1 del art.86-C.E, se aprecia un factor que es
obviado por las medidas tomadas, el derecho de la ciudadanía. Una y otra vez
podemos leer en el informe presentado por el gobierno el “carácter
extraordinario y urgente” recogido en dicho artículo (BOE de 11/2/2012- Sección
I.), en el cual, no se puede vulnerar, entre otros factores, los derechos de la
ciudadanía.
Siguiendo el análisis
del informe del RDL/3/2012, además del art.86-C.E., se puede observar algunos
datos que justifican del mismo modo esta reforma. Por entonces, según el informe
del gobierno, había “5.273.600 personas en paro con un incremento de 295.300 en
el cuarto trimestre de 2011 y de 577.000 respecto al cuarto trimestre de 2010”
y la tasa de paro se situaba en 22,85%”[1]. Pues bien, en el cuarto trimestre de
2013, los datos son los siguientes: el número de parados es de 5.896,300, esto
quiere decir, un incremento sobre los datos que facilitaba el gobierno de
622.700, ascendiendo la tasa de paro al 26.03%.
Otro de los datos que apoyaban los argumentos de las
medidas adoptadas, era la tasa de paro entre los(as) menores de 25
años, que alcanzaba casi el 50 % y el desempleo de larga duración (mínimo dos
años sin trabajar) que genera, según el informe, un “doble impacto negativo,
uno sobre el colectivo de personas y otro sobre la productividad agregada de la
economía”. Pues bien, dos años después, llegamos a tener entre los(as) menores
de 25 años una tasa de paro de 63,12% y 2.309,500 personas que llevan más
de dos años sin trabajar y buscando trabajo, aumentando en 880.800 personas
desde el IV trimestre de 2011 al IV trimestre de 2013.
Las tensiones de
ruptura social pueden ser analizadas desde el interior de la organización, en
este caso el estado y/o comunidad, y desde una dimensión exterior, el mercado
globalizado. Con los datos contrastados se manifiesta que los síntomas de la
economía interior dan desequilibrio debido al descenso de un modo de producción
concreto (capitalista), escasez de empleo y el existente con unas relaciones
laborales que castigan a los derechos de la clase trabajadora en el
propio sistema capitalista y las ganancias desorbitadas por parte de la clase
empresarial capitalista. Aunque la economía globalizada capitalista hace
estrago en las economías interiores, qué duda cabe que “la tensión creada por el paro” puede
provocar también problemas hacia el exterior. Estos problemas debilita la
posición internacional del estado y/o comunidad afectada, deteriorando su
estatuto, suprimiendo sus derechos e imponiéndole un control externo ajeno
totalmente a la sociedad civil (Ver Polanyi, 1989).
Si con los datos que se presentaba a
principios de 2012 se justificaba que las cifras expuestas ponían de manifiesto
el fracaso de reformas laborales anteriores, que el modelo laboral español
mostraba sus debilidades y evidencia de insostenibilidad y, que la destrucción
de empleo hasta el momento tenía efectos relevantes sobre el sistema de la
Seguridad Social ¿qué tendrá que decir la clase dirigente que gobierna el
estado liberal español, sobre los datos actualizados, sobre el modelo desde el
cual debemos suponer que, se “recuperará el empleo”, dará “estabilidad en el
empleo que necesita nuestro país” y creará “las condiciones necesarias para que
la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad
necesaria para trabajadores(as), empresas, mercados e inversores”?
- BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Real
Decreto-ley 3/2012, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo. Núm. 36 Sec. I. Pág. 12483-12546.
-POLANYI, Karl 1989. La gran
transformación. Crítica del Liberalismo económico. Madrid: Ediciones de La
Piqueta
[1] Los datos que ofrece el gobierno en el informe son
tomados de la Encuesta Población Activa (EPA) (Instituto Nacional de
Estadísticas (INE)). Es por ello que los datos que se presenta para poder
contrastar el contexto previo al RDL/3/2012 con el contexto presente, son
tomados de la misma fuente.
Juan Raúl Navarro Serrato, miembro de Asamblea de Andalucía