Hoy, en la Unión
Europea, los partidos gobernantes que llevan a cabo políticas públicas de claro
signo neoliberal (recortes de gasto público, incluyendo gasto público social;
privatización de servicios públicos y del Estado del Bienestar -tales como sanidad,
educación, servicios domiciliarios de atención a las personas con dependencia,
escuelas de infancia o servicios sociales, entre otros-; y reducción de las
pensiones y de los salarios) que no estaban en sus programas electorales pagan
un elevado coste electoral. Por lo general, no salen reelegidos. Como bien dijo
un portavoz de uno de estos partidos, “nosotros sabemos qué políticas públicas
deben realizarse, pero no sabemos qué hacer para que el electorado nos elija de
nuevo”.
Una excepción, sin
embargo, es España. En este país, un partido conservador, el Partido Popular,
perteneciente al Partido Popular Europeo, que se ha distinguido por haber
formado uno de los gobiernos que ha implementado con mayor intensidad las
políticas neoliberales, saldría vencedor, según todas las encuestas, en las
próximas elecciones legislativas y también es probable –según las mismas
encuestas- que gane las elecciones europeas del 25 de mayo. En Catalunya, donde
gobierna una coalición de dos partidos -uno conservador, perteneciente a la
misma familia política que el Partido Popular (el Partido Popular Europeo), y
otro liberal (CDC, miembro de la Alianza de los Demócratas y Liberales por
Europa)- que han impuesto estas políticas a la población que vive en Catalunya,
es probable que esta coalición gane las elecciones europeas en unas semanas y
que gane también las autonómicas en un futuro próximo. En muy pocos países
europeos está ocurriendo que un gobierno que imponga estas políticas
neoliberales sea reelegido. ¿Por qué?
La especificidad del
caso español
Una de las causas de
esta peculiaridad se encuentra en el contexto político español, resultado de la
transición inmodélica de la dictadura a la democracia, que dejó poco cambiado
el aparato ideológico del Estado, reproduciendo a nivel central un nacionalismo
españolista (término que utilizo sin ningún sentido peyorativo) ampliamente
extendido en grandes sectores de la población española que ven a España como un
Estado uninacional (a diferencia de la visión como un Estado plurinacional),
borbónico, jacobino y radial, centrado en el establishment político y mediático
basado en la capital del Reino, que rige los destinos del país. La considerable
descentralización administrativa que ocurrió durante la Transición, con el
establecimiento del Estado de las Autonomías, no fue acompañada de cambios
significativos en la descentralización del poder político ni tampoco en el
reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español. Este nacionalismo
españolista no admite otra visión de España, habiendo definido históricamente
como anti España o separatista a aquellos que no comulgan con su visión. Esta
visión uninacional de España tuvo su máxima expresión durante la dictadura,
pero una versión light se perpetúa en grandes sectores de la población. Su
máximo exponente es el Partido Popular (ayudado por UPyD y Ciutadans), que se
presenta como el gran defensor de España frente a los separatistas, lo cual
tiene una gran capacidad de movilización.
No es de extrañar,
pues, que ante ese nacionalismo españolista, hoy promocionado por el partido
gobernante, se reavive otro periférico, en Catalunya, el nacionalismo
catalanista, que considera, no a España, sino al Estado español como al
adversario, que niega la plurinacionalidad del Estado. Este nacionalismo
catalanista (que es mucho más amplio que el movimiento independentista) está
muy extendido entre la población catalana. El gobierno CiU, consciente de la
potencia de este nacionalismo catalanista, está intentando liderarlo,
presentando las políticas neoliberales como las únicas posibles como resultado
del mandato procedente del gobierno central de Madrid, añadiendo, junto con su
aliado ERC, que el gran retraso social en Catalunya se debe al “expolio”
nacional, es decir, el expolio de Catalunya por parte de España. Debido a un
control abusivo de los medios de información públicos, TV3 y Catalunya Ràdio
(que no tiene nada que envidiar al control de TV1 por parte del PP), este
mensaje está calando de manera que la sensibilidad económica neoliberal queda
oculta bajo un nacionalismo catalanista conservador. El economista
independentista más ultraliberal hoy en Catalunya es el “economista de la casa”
(como se le define en TV3), dando clases de neoliberalismo en sus llamadas
Lliçons d’Economia (Lecciones de Economía). Ninguna otra sensibilidad económica
tiene el mismo privilegio o acceso a espacio público.
Los nacionalismos
conservadores se retroalimentan: la causa de la ausencia de diálogo
Este enfrentamiento de
los nacionalismos, el españolista y el catalanista, es sumamente rentable
políticamente. Se alimentan el uno del otro. Es más, el nacionalismo y su
enorme capacidad de movilización –que explica que ambos partidos, el PP y CiU,
saldrían victoriosos en las elecciones- han ocultado casi completamente su neoliberalismo.
La constante llamada al diálogo entre el gobierno PP y el gobierno CiU ignora
que a ambos partidos, PP y CiU (aliada con ERC), la tensión creada entre los
dos nacionalismos les beneficia. La defensa de la “unidad de España”, basándose
en la Constitución, con el amplio apoyo de las Cortes, es enormemente rentable
para el PP (excepto en Catalunya, donde este partido ha sido siempre un partido
minoritario). Y en Catalunya, el argumento del expolio nacional es casi
perfecto, pues oculta el “expolio social” que allí está ocurriendo, donde las
rentas del capital (como también ocurre en España) sobrepasan, por primera vez,
en el periodo post dictatorial, las rentas del trabajo. Su supuesta rigidez es
un cálculo electoral altamente rentable. El hecho de que el expolio social
(resultado del dominio del capital financiero y empresarial en las
instituciones financieras, económicas, políticas y mediáticas) sea –tal como he
documentado en varios de mis trabajos- mucho mayor que el supuesto expolio
nacional es ocultado o ignorado.
Esta situación se
hubiera podido prevenir si hubiera habido una ruptura en 1978 con el Estado
anterior, con el establecimiento de la visión que las fuerzas republicanas
-lideradas por las izquierdas- habían tenido del Estado español durante la
lucha antifascista, con su plurinacionalidad y reconocimiento del derecho de
autodeterminación (acentuando el carácter voluntario y no impuesto de la unidad
entre pueblos y naciones), con una democracia representativa, auténticamente
proporcional, enriquecida con amplias dosis de democracia directa y
participativa. Esta ruptura (en contra de las visiones idealizadas de la
Transición) no ocurrió. El enorme dominio que las fuerzas conservadoras
tuvieron en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia explica
que el Estado postdictatorial fuera un Estado con escasa sensibilidad social,
poco democrático y uninacional, sin permitir el desarrollo de la
plurinacionalidad del Estado.
Es importante señalar
que, incluso dentro del Estado actual, podrían haberse diluido las tensiones
nacionales con la aprobación del Estatuto propuesto por el gobierno Tripartito
y aprobado por el Parlament catalán. Pero el nacionalismo españolista,
defendido por los herederos de la dictadura, el PP, lo impidió. El Estatuto
aprobado por el Parlament catalán, “cepillado” y aprobado por las Cortes
españolas y en referéndum por el pueblo catalán, fue vetado (en elementos
importantes, aprobados en otros estatutos) por el Tribunal Constitucional, sin
que hubiera una protesta generalizada en España (excepto en Catalunya). Es
lógico que la victoria del PP en las últimas elecciones legislativas con su
proyecto de “españolizar Catalunya” creara una enorme respuesta en Catalunya,
que se irá radicalizando.
El error de las
izquierdas españolas y algunas catalanas
El gran error de
algunas izquierdas (y muy en particular del socialismo español) fue abandonar
la visión republicana del Estado español y su aceptación del derecho de
autodeterminación durante la clandestinidad. Puede que no hubiera ninguna
alternativa posible. Pero el gran error de tales izquierdas fue abandonar sus
valores. Como también fue un error definir como nacionalismos a los
periféricos, sin aceptar que el más opresivo de todos los nacionalismos era el
central. En realidad, ni siquiera se define a este como nacionalismo. Cuando
Rubalcaba inició su discurso en las Cortes negando que fuera nacionalista,
ignoraba que su visión uninacional de España era profundamente nacionalista.
La respuesta de estas
izquierdas ha sido intentar centrarse en lo social, dejando a parte lo
nacional, percibiendo el nacionalismo como un movimiento creado por las
derechas en Catalunya para movilizar al mundo del trabajo al lado de la
burguesía. Pero esta estrategia olvida que otro nacionalismo existe (llámese
catalanismo o lo que fuera) y no es una creación de la burguesía, sino
ampliamente arraigado en amplios sectores populares (véase mi artículo “La
Sagrera: la Catalunya real”, en Público, 26.11.13). Existen hoy movilizaciones
en Catalunya que tienen una base popular y cuyo incremento se debe,
predominantemente, a la agresividad del movimiento nacionalista españolista.
Los ejemplos de esta agresividad son múltiples. Véanse las declaraciones de la
ultraderecha, que por desgracia se extienden a algunos sectores de las
izquierdas (como vimos hace poco en un artículo reciente publicado en este
diario), que acusa a las izquierdas catalanas de estimular el odio a España,
declaraciones que tienen por objetivo precisamente estimular la catalanofobia extendida
en sectores de la ultraderecha y algunas voces de izquierda. Acusar (como se
escribía en aquel artículo) al Presidente Maragall o al Presidente Montilla y
sus gobiernos, por ejemplo, de estimular el odio a los distintos pueblos de
España (cuando lo que estaban intentando era redefinir España) muestra la
intolerancia del nacionalismo españolista que se caracteriza por definir como
anti España y secesionistas a aquellos que quieren redefinir España.
Acusar a las izquierdas
catalanas, además, de estar también contaminadas por el nacionalismo catalán
(de nuevo por querer cambiar su visión de España) y de haberse olvidado también
de la lucha de clases es desconocer la realidad catalana y la mayoría de las
izquierdas en Catalunya. Basta leer los escritos de la mayoría de partidos de
izquierda para ver la falsedad y mezquindad de tales acusaciones. Pero,
afortunadamente, hay cambios notables en España. Uno de ellos fueron las
marchas de la dignidad, en las que los diversos pueblos de España exigían otra
España. Y otro fue el debate en las páginas de Público, que fue, quizás por
primera vez, un debate en un foro español sobre el derecho a decidir sin
insultos y con respeto mutuo. Hoy, y en contra de lo que asumen voces de
izquierda en España, el mundo del capital, en Catalunya, no desea el derecho a
decidir, que es, ni más ni menos, un indicador del hartazgo de grandes sectores
de la población catalana, no hacia España (como la ultraderecha y algunas
izquierdas lo presentan maliciosamente), sino hacia un Estado español acerca
del cual la mayoría de la población española, además de la catalana, considera
que no les representa (ver mi artículo “Las necesarias marchas de la dignidad”,
Público, 25.03.14). Derecho a decidir no es una llamada a la independencia, aun
cuando, la propia coherencia implica que tal alternativa debe ser una oferta en
el derecho a escoger que es intrínseco en el derecho a decidir.
El futuro de España no
puede ser una III República que reproduzca el nacionalismo españolista que
aparece en algunos de sus proponentes, sino que debe ser la España que,
heredera de la II República, abrirá la puerta a una España plurinacional en que
la unidad de los distintos pueblos y naciones sea voluntaria y no impuesta. El
golpe militar del 1936 fue un golpe de las clases privilegiadas frente a las
clases populares. Pero parece haberse olvidado que fue también un golpe militar
para imponer una visión de España, la uninacional, que reprimió a la nación
catalana, entre otras. Fueron las izquierdas catalanas (y españolas) las que
vieron a la dictadura como la responsable del retraso social y de la imposición
nacional. Es sobre este reconocimiento sobre el que una III República podría
constituirse. Negarse a establecer una España plurinacional llevaría
indudablemente al separatismo, que ha sido históricamente minoritario en
Catalunya. El modelo que siempre defendieron la mayoría de las izquierdas
catalanas fue el federal, pero para que ello ocurriera se necesitaba que
hubiera un movimiento federal en España, que respetara la igualdad entre los
distintos componentes de la federación. Su ausencia a nivel de España hasta
hace poco explica el crecimiento del independentismo, asumiendo que se haya
agotado la tercera vía. Que sea o no así, depende bastante de lo que ocurra no solo
en Catalunya sino también en España. Lo que sí debería entenderse es que la
situación actual no es sostenible, pues estimula hostilidades y odios entre
pueblos que comparten una lucha común.
Vicenç Navarro, diario Público, 20 de mayo de 2014
