La comisión
de Comercio Internacional aprueba por 33 votos a seis el informe del polémico
tratado, que la Eurocámara debatirá y votará definitivamente en febrero
Solo la
izquierda del GUE (Podemos, IU) y la extrema derecha votan en contra; los
verdes justifican su voto a favor para facilitar su discusión en el Pleno y por
las líneas rojas introducidas a última hora
Destapado
por Wikileaks, el acuerdo abarca a países como EEUU, Japón, Australia, Colombia
o Pakistán, y afectará a los contratos públicos, telecos, transportes o
mercados financieros
El informe
sobre el TiSA (Trade in Services Agreement, en inglés), el acuerdo comercial
sobre servicios negociado secretamente entre la UE y otros 22 países hasta
abril de 2014 –cuando fue
filtrado por Wikileaks-, ha pasado uno de sus trámites más cruciales, el
voto de la comisión de Comercio Internacional (INTA) en el Parlamento Europeo.
INTA delibera sobre la multitud de tratados de libre comercio e inversión que
la UE negocia con diferentes países del globo. Esta vez, a diferencia de lo
ocurrido con el TTIP, ha aprobado por unaholgada
mayoría (33 votos a favor, seis en contra) que el acuerdo vaya a la
sesión plenaria.
Se opusieron
solo la izquierda (GUE) y la extrema derecha europea, y eso que el TiSA, que se
empezó a abordar en abril de 2013, ha sido objeto de críticas más severas
incluso que el TTIP (el tratado que ultiman la UE y Estados Unidos) por parte
de sus detractores por su opacidad.
El TiSA
congrega a 23 países o áreas económicas que suponen el 70% del comercio mundial
de los servicios; está la UE, pero también Australia, Canadá, Chile, Taiwán,
Colombia, Israel, Japón, México, Pakistán, Estados Unidos, Turquía…
Peligro
inminente
El informe
de opinión elaborado por la eurodiputada del Partido Popular Europeo y ex
comisaria Viviane Reding, el cual se someterá a votación en Estrasburgo a
principios de febrero, dice que el TiSA busca incidir sobre contratos públicos,
telecomunicaciones, transportes o sectores financieros. El objetivo declarado
de la UE es reducir los aranceles, que solo son del 6% en la Unión para
inversores extranjeros frente al 44% en Turquía o el 25% en Corea del Sur.
Pero
sus detractores advierten de un peligro inminente sobre los servicios
públicos. Sus partidarios rechazan esa amenaza, y apelan a la “exclusión clara
y explícita” recogida en el texto que concierne “a todos los servicios públicos
tales como educación sanidad, servicios sociales, seguridad social y servicios
audiovisuales”.
Esas
reservas incorporadas a última hora han llevado a votar a favor a los Verdes,
que probablemente se opondrán en la votación final de febrero. “Fue un
voto táctico para facilitar la negociación europea”, explica el eurodiputado de
ICV Ernest Urtasun, que no participó en la votación de INTA y es contrario al
TiSA. Otros miembros de la delegación ecologista defienden que el debate vaya
al pleno.
Lola
Sánchez, de Podemos, que votó en contra en la comisión parlamentaria, cree que
la ponente Viviane Reding hizo un “astuto trabajo” para ganarse a los Verdes.
“Se trata de un tratado sumamente peligroso, que amenaza de verdad la
privatización de servicios públicos. La eliminación, por ejemplo, de una de las
cláusulas impedirá remunicipalizar ciertos servicios locales”.
Con todo,
una amplísima mayoría votó a favor, dejando solos al GUE y a la extrema derecha
de la francesa Marine Le Pen (también miembro de INTA). Sus defensores ensalzan
las modificaciones de última hora en defensa de lo público, la supresión de
aranceles (el argumento de manual de los tratados de libre comercio), la
protección de datos o el movimiento de trabajadores. Para prevenir problemas
relacionados con el flujo migratorio de personas, otra cláusula
prevé limitar la acogida de la UE a “personas altamente cualificadas”.
“Los
socialistas defenderemos siempre que el comercio beneficie a la ciudadanía y
que garantice los derechos de los trabajadores independientemente de su país de
origen y respetando también la igualdad de retribución”,
destaca Inmaculada Rodríguez-Piñero, del PSOE. “Esta resolución es fruto
de un gran consenso por parte de todos los grupos parlamentarios, a excepción
de la extrema derecha y de la izquierda unitaria”.
Más efusivos
son los liberales de ALDE, la familia a la que pertenecen Ciudadanos,
Convergencia o UPyD. “El TiSA es esencial para actualizar las reglas del
comercio de servicios en el siglo XXI”, ensalza la holandesa Marietje Schaake.
“Los cambios tecnológicos y la digitalización han alterado completamente la
manera de proveer servicios a lo largo de las fronteras. La UE es el mayor
proveedor del mundo, así que el TiSA solo puede ser una oportunidad”.
Desde el
punto de vista del impacto mediático, el TiSA está a años luz del TTIP, en el
que la oposición de algunos actores dificulta su
conclusión para 2016, como estaba previsto. La sociedad alemana, de acuerdo
con las encuestas, no quiere el tratado con EEUU y el Gobierno francés no está
dispuesto a transigir con cualquier texto.
Pero la
transparencia del TiSA aparece muchos escalones por debajo del TTIP. “El
informe no sólo da un visto bueno a unas negociaciones cuyo contenido preciso
no conocemos, sino que apuesta por una completa liberalización de servicios
clave como la energía o el transporte, por la relajación de los derechos
laborales, y por el libre intercambio de datos personales entre empresas
privadas”, lamenta la eurodiputada de IU Marina Albiol. Solo en julio de 2014
la Comisión Europea, que negocia los tratados de libre comercio en nombre de
toda la UE, abrió una web relativa
a las discusiones con los demás países.
Pablo García, www.eldiario.es, 29 de enero de 2016