Vergonzoso y sonrojante final de año el que nos ha
deparado el mal llamado Parlamento de Andalucía, en realidad una mera cámara de
gestión de la dependencia andaluza, ante la aprobación de parte de una
proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de Podemos,
defendida por Teresa Rodríguez, denominada como de “reconocimiento del
patrimonio constitucional andaluz”.
No, no os llaméis a engaños ni os hagáis falsas
ilusiones. Dicha proposición no suponía ni la reconversión de la formación al
andalucismo infantista, ni la asunción de los derechos de soberanía de
Andalucía y el pueblo andaluz. Sólo era una vuelta de tuerca más en la
estrategia de la formación de asumir el papel de relevo del regionalismo del PA
en el panorama político de nuestra tierra. De hecho, esta proposición no de ley
ha sido elaborada en colaboración con elementos procedentes del ya desaparecido
“andalucismo” oficial.
Como sabéis, la única constitución existente en la
historia contemporánea de Andalucía, y así denominada y considerada por Blas
Infante, fue la Constitución de Antequera de 1883. Aquella que comenzaba
declarando que “Andalucía es soberana y autónoma; se organiza en una democracia
republicana representativa, y no recibe su poder de ninguna autoridad
exterior”. Una Constitución que proclamaba la única autonomía real, la
soberana, “Andalucía es soberana y autónoma”, el único autogobierno real, el
propio y no el otorgado, el que “no recibe su poder de ninguna autoridad
exterior”, así como nuestra propia democracia y nuestra propia república,
“(Andalucía) se organiza en una democracia republicana representativa”.
¿Hay algo de lo anteriormente mencionado en la
proposición no de ley sobre el "constitucionalismo andaluz" de
Podemos? Nada, absolutamente nada. No es que no mencione nuestros derechos de
soberanía ni a gobernarnos a nosotros mismos, y muchos menos la defensa de una
República Andaluza, es que, por no mencionar, ni tan siquiera menciona a la
propia Constitución Andaluza. A lo que denomina “constitucionalismo andaluz” es
a la misma constitución Española del 78 y al autonomismo derivado de ella. A la
supuesta "autonomía plena" lograda tras el referéndum del 28 de
febrero del 80.
Como en su momento hacía el PA, la proposición
continúa rebajando el 4D a meras manifestaciones pro autonomistas y eleva el
28F a logro de las metas del 4D. Además persiste en el viejo monotema
regionalista del agravio comparativo con respecto a vascos y catalanes. En su
exposición de motivos afirma que “el 4 de diciembre de 1977, apenas se supo que
País Vasco, Cataluña y Galicia serían reconocidas como nacionalidades
históricas, con parlamento propio y estatutos aprobados en referéndum, un
millón y medio de andaluces salieron a la calle para exigir igual trato en la
futura constitución española”. O sea, el 4D no fue una manifestación masiva de
autoreconocimiento y exigencia de derechos sino una simple respuesta a las
maniobras de vascos y catalanes y una mera petición de equidad en el grado de
descentralización y gestión subordinada previsto en la Constitución Española
del 78.
Para colmo, según Podemos es en el 28F no sólo cuando
logramos nuestros objetivos “autonómicos” sino además fue cuando ejercimos
nuestro "derecho a decidir" y hasta cuando nos convertimos en
“nacionalidad histórica”. Tras referirse al 4D, afirma que “esta
movilización ciudadana sin precedentes cambió el rumbo constituyente (español,
claro): en la nueva constitución habría nacionalidades y habría regiones… pero
habría también una cláusula constitucional (el art. 151)… que permitía la
conversión en nacionalidad de lo proyectado como región”. Para Podemos el
pueblo andaluz “ganaba la autonomía plena en referéndum”, por lo que concluyen
que “el 4D Andalucía reivindicó su derecho a decidir, el 28F lo ejerció”. Un
derecho a decidir limitado a igualdad entre pueblos dependientes. “Ese día (el
4D), Andalucía reivindicaba lo que hoy llamaríamos su ´derecho a decidir´:
quería ser como la que más –no como las demás, sino como la que más”.
Y aquí tenéis la traca final que sintetiza todo lo
anterior: “el pueblo andaluz es el único del Estado español que ha ejercido
constitucionalmente su derecho a decidir y que ha expresado en referéndum su
vocación de autogobierno. Es el patrimonio constitucional andaluz. Hay que
subrayar nuestra posición constitucional ya adquirida: la existencia del pueblo
andaluz es democráticamente incuestionable, porque ha sido el único que de
manera diferenciada exigió el derecho a decidir y lo ejerció
constitucionalmente para adquirir la autonomía plena”. O sea, que el 28F fue un
referéndum de autodeterminación. Que somos pueblo por haber exigido y elegido
la autonomía por el 151 y que ese constituye nuestro “patrimonio
constitucional”.
La proposición termina declarando que ahora que “se ha
abierto con más fuerza que nunca el llamado ´debate territorial´ y se vislumbra
una alternativa al estado autonómico que consiste en una reforma constitucional
para ´federalizar´ las autonomías que ya existen… la cosa quedaría así: el
actual estado autonómico con todos sus anacronismos y disfunciones… más un pacto
entre nacionalidades históricas y el resto de España, resto en el que se
incluiría a Andalucía”. Por ello la proposición pide tres cosas concretas a
probar en el Parlamento: “la defensa del patrimonio constitucional andaluz”, o
sea de la “autonomía plena”, la oposición “a cualquier propuesta de reforma
constitucional (española, claro) que conduzca hacia formas asimétricas de
estado federal”, o sea el manido no ser más que ninguna pero tampoco menos que
ninguna otra “autonomía”, e instar “al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a permanecer vigilante en la defensa de las competencias y, en
general, del patrimonio constitucional andaluz”. O sea, a la defensa de ese
igualitarismo dentro de la dependencia.
Lo de Iglesias no fue un error
Esta proposición confirma que cuando Pablo Iglesias en
el debate electoral a cuatro se refería a que Andalucía ya había ejercido su
“derecho a decidir” el 28F no se trataba de un error surgido de un “calentón” o
nacido de su ignorancia sobre nuestra historia más reciente, sino de la
confirmación y continuación de una estrategia premeditada por parte de Podemos,
puesta ya en práctica tanto por Teresa Rodríguez como por Sergio Pascual, que
con anterioridad también se habían pronunciado en idéntico sentido en varias
ocasiones.
Se evidencia que en el laboratorio político de la
Autónoma de Madrid en el que Iglesias, Monedero, etc. analizaron la situación
política y vieron llegada la oportunidad de un relevo generacional dentro de la
izquierda del régimen encabezado por ellos, y en el que como consecuencia
idearon y elaboraron el proyecto de Podemos, realizaron un profundo estudio del
PSOE de la transición, otro experimento de laboratorio político, y se
dispusieron a imitar aquel “cambio” para hacer posible dicho relevo, repitiendo
sus estrategias e imitando sus demagogias verbales y gestuales.
Y en Andalucía no sólo lo están imitando, es que están
repitiendo paso por paso la trayectoria de aquel PSOE. Ejemplo de ello son las
supuestas diferencias entre las tendencias representadas por Teresa Rodríguez,
supuestamente más andaluza y "radical", y Sergio pascual, en nombre
de Iglesias, supuestament más estatalista y "moderada". En este caso
lo que se hace es retomar y pretender calcar aquellas viejas falsas dicotomías
en aquel PSOE de los ochenta representadas, por un lado por Escuredo y
González. Entonces era Rafael Escuredo el que se envolvía en la bandera
andaluza y aparentaba defensa de nuestros intereses. Recordad que incluso llegó
a hacer un paripé de huelga de hambre que logró elevarlo, a ojos de muchos,
casi al estado de mártir andalucista. Tambiñen aquella otra del Guerra
"radical" y el González más "centrado". Teresa Rodríguez
sería un nuevo Escuredo-Guerra frente a un Pablo Iglesias (Sergio Pascual)
nuevo "Gonzalez".
El final de aquella historia ya sabemos cuál fue. Tras
conquistar el PSOE las banderas de la izquierda y el andalucismo, y su
consiguiente triunfo electoral; el aniquilamiento del espíritu de rebeldía,
despertar y movilización del 4D y su sustitución por el de sometimiento,
ensoñación y quietud que ha venido reinando desde entonces en el país. Ahora se
pretende lo mismo y, si lo lograsen, el final sería idéntico. Si entonces se
trataba de utilizar en beneficio propio aquel renacer social y nacional
representado por el 4D y su exigencia de autonomía y autogobierno real para
posteriormente acabar con él, al servicio del Sistema, ahora también se trata
de utilizar en beneficio propio esa posibilidad de muevo principio de renacer
social y nacional representado por el soberanismo andaluz y su reivindicación
de la Constitución Andaluza de 1883, para posteriormente acabar con él al
servicio del Sistema. Más de lo mismo.
Responderos a estas dos simples preguntas y obtendréis
muchos porqués: ¿cómo estaba el soberanismo andaluz antes de aparición de
Podemos y cómo está ahora? ¿cual era el grado de rebeldía social y de
reivincicación en la calle antes de la aparición de Podemos y cual es ahora? La
nueva PSOE está en marcha en Andalucía.
Paco Campos para La Otra Andalucía
Texto íntegro de la Proposición no de Ley en Pleno
relativa al Reconocimiento del Patrimonio Andaluz
Aclaración previa: Lo aprobado
Del contenido del texto que a continuación
transcribimos, lo único que finalmente ha sido aprobado ayer 22 de diciembre en
el Pleno del llamado Parlamento de Andalucía, con los votos favorables de
Podemos, PSOE e Izquierda Unida, ha sido una resolución con el compromiso,
meramente verbal y sin trascendencia jurídica ni impositiva hacia el Gobierno
de la Junta, de "permanecer vigilante en la defensa de las competencias
del Estatuto y, en general, del patrimonio constitucional andaluz, tanto frente
a los intentos recentralizadores, como frente a las propuestas asimétricas que
excluyan a Andalucía".
El texto de la proposición:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 4 de diciembre de 1977, apenas se supo que País
Vasco, Cataluña y Galicia serían reconocidas como nacionalidades históricas,
con parlamento propio y estatutos aprobados en referéndum, un millón y medio de
andaluces salieron a la calle para exigir igual trato en la futura constitución
española. Nuestros emigrantes expandieron este deseo de autonomía y de justicia
social por Cataluña, Madrid o Euskadi hasta convertir la autonomía andaluza en
una cuestión de Estado. Ese día, Andalucía reivindicaba lo que hoy llamaríamos
su “derecho a decidir”: quería ser como la que más –no como las demás, sino
como la que más–.
Esta movilización ciudadana sin precedentes cambió el
rumbo constituyente: en la nueva constitución habría nacionalidades y habría
regiones (artículo 1) como estaba previsto, pero habría también una cláusula
constitucional –el artículo 151–, infame en sus exigencias, pero que permitía
la conversión en nacionalidad de lo proyectado como región. Y, por segunda vez,
las campanas de la historia sonaron aquí, porque el 28 de febrero de 1980, a
pesar de la campaña del gobierno, el pueblo andaluz no sólo fue el único del
Estado español que utilizaba la cláusula infame, sino que además ganaba la
autonomía plena en referéndum. El 4D Andalucía reivindicó su derecho a decidir,
el 28F lo ejerció.
Después (y tal vez a causa de) vino el golpe de
Tejero, el “café para todos”, la LOAPA y el borrado paulatino de la diferencia
nacionalidad/región, que culminaría con la llamada “sentencia del Estatut”. De
otra forma dicho: después y tal vez a causa del 4D y del 28F vino el llamado
“estado autonómico” que hemos conocido hasta hoy. Lejos del modelo federal
alemán o norteamericano, el estado autonómico, en síntesis, ha significado el
reforzamiento de la centralidad de Madrid. Lejos de la innovación y la
modernidad, el estado autonómico ha significado el mantenimiento de privilegios
anacrónicos y vestigios del pasado, por ejemplo, la supervivencia de cinco
planos estatales por encima de los municipios y por debajo del Estado central:
las diputaciones provinciales; los fueros que otorgan competencias civiles a
determinados territorios; las diputaciones forales con hacienda propia; las
nacionalidades históricas; y el resto de autonomías.
Lejos de la igualdad política, el estado autonómico no
ha sido capaz de prescindir de la circunscripción electoral provincial. Por no
hablar de desigualdades civiles como las que se dan en materias como las
uniones de hecho, la función social de la vivienda, o los derechos sucesorios;
o de agravios sociales como los índices de inversión en I+D o en educación, o
la contabilización por Madrid como recursos propios de valor añadido generado
en la periferia.
En estos meses preelectorales se ha abierto con más
fuerza que nunca el llamado “debate territorial” y se vislumbra una alternativa
al estado autonómico que consiste en una reforma constitucional para
“federalizar” las autonomías que ya existen, maquillar el Senado como si
mudásemos el vestido a un maniquí y, por supuesto, incluir una mención especial
a Cataluña. Dado que Euskadi y Navarra ya tienen sus haciendas propias y sus
“menciones especiales”, la cosa quedaría así: el actual estado autonómico con
todos sus anacronismos y disfunciones (diputaciones, Senado, modelos de
hacienda inequitativos por el privilegio de la singularidad), más un pacto
entre nacionalidades históricas y el resto de España, resto en el que se
incluiría a Andalucía.
Frente a este intento, no puede olvidarse que el
pueblo andaluz es el único del Estado español que ha ejercido
constitucionalmente su derecho a decidir y que ha expresado en referéndum su
vocación de autogobierno. Es el patrimonio constitucional andaluz. Hay que
subrayar nuestra posición constitucional ya adquirida: la existencia del pueblo
andaluz es democráticamente incuestionable, porque ha sido el único que de
manera diferenciada exigió el derecho a decidir y lo ejerció
constitucionalmente para adquirir la autonomía plena. Y su Estatuto ya tiene
rango de “constitución federable” -como diría Blas Infante.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos
Andalucía plantea la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. El Parlamento de Andalucía declara su más firme
compromiso con la defensa del patrimonio constitucional andaluz.
2. El Parlamento de Andalucía manifiesta su oposición
a cualquier propuesta de reforma constitucional que conduzca hacia formas
asimétricas de estado federal que ignoren el hecho histórico cierto de que
Andalucía ya ha ejercido su derecho a decidir y lo ha hecho decidiendo no ser
como las demás, sino como la que más.
3. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía a permanecer vigilante en la defensa de las
competencias y, en general, del patrimonio constitucional andaluz, tanto frente
a los intentos recentralizadores, como frente a las propuestas asimétricas que
excluyan a Andalucía.
Fuente. La otra Andalucía, Diciembre de 2015
